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  Edición 626
  Educación pública y defensa de la autonomía universitaria
 
Abraham Álvarez Ramírez
   
  Para algunos mexicanos, hoy permea la idea de que el gobierno federal pretende suspender algunas características que le dan el perfil de autónoma a las universidades públicas en nuestro país. Particularmente, esa sensación se percibe en los círculos de la academia y de diversos funcionarios universitarios de nuestro país.

La Universidad, por condición natural, permanece siempre al servicio de la comunidad y de la sociedad misma para poder cumplir los términos que justifican su existencia.

La autonomía consiste en el grado de autogobierno necesario para que las instituciones de educación superior adopten decisiones eficaces con respecto a sus actividades académicas, normas, actividades administrativas y afines, en la medida en que éstas se ciñan a los sistemas de control público y respeten las libertades académicas y los derechos humanos.

La autonomía de las universidades en América Latina tienen una vigencia de más de noventa años; sin embargo, aún no se ha podido lograr en su totalidad la autonomía financiera.

La limitación en ese sentido, ha derivado en una disminución en la calidad de la educación y en su prestigio como ente superior educativo público; lo que ha provocado, poca competencia con el sector privado. Lo anterior ha llevado a muchos países a replantearse el concepto de autonomía para ligarlo aún más a los aspectos de sostenibilidad presupuestaria.

Aunado a los cambios y vaivenes, la educación superior pública en nuestros países camina por un momento crítico en cuanto a su calidad, recursos financieros, humanos y de capital.

¿Es posible para las universidades públicas del continente mantener sus ideales, y al mismo tiempo, adaptarse al reto de la globalización, competitividad y acceso a la información? ¿Existe realmente la autonomía universitaria sin una genuina autosuficiencia financiera?

Por otra parte, a la autonomía también se le adjudican funciones críticas en relación con el Estado y los contextos socio-geopolíticos, al igual que la libertad de repensar la sociedad y el mundo. A la autonomía universitaria le podemos dar diversos giros y conceptos. «En un Estado democrático, la autonomía universitaria sólo se legitima en la integración de la Universidad con todos sus miembros y en el carácter democrático de su gobierno, basado en la universalidad de la ciudadanía interna» (Gabriel del Mazo)… de cierta manera, la autonomía universitaria justifica su razón de ser en la formación y en la acción, ya que sin autonomía, se pierde la estabilidad en los asuntos universitarios y en la estabilidad de la docencia. Esto constriñe la libertad de cátedra, de expresión y de organización.

La sociedad mexicana, espera de la educación superior respuestas expeditas a la demanda de desarrollo. Los cambios en materia económica y tecnológica entran en conflicto con la educación tradicional. Por ello, resulta importante para México el modernizarlas, a más de uno se le podría ocurrir modificar el estatus autónomo de las universidades del Estado. Las universidades se encuentran abiertas al cambio, pero sin perder la identidad autónoma, democrática y popular que las caracteriza.

Resulta obligado para nuestro país abordar la mejora de la financiación de las universidades públicas para generar una mayor gobernanza, calidad y la comunicación entre universidad y gobierno.

Se considera preciso que para maximizar la eficacia de los recursos presupuestarios, hay qué concretar los objetivos a realizar. El futuro de la Universidad pública en México debe tener una mayor colaboración y, quizá, el asumir recursos compartidos.

Finalmente, creo que el propósito es que, a largo plazo, México se sitúe entre los países que mejores indicadores tengan en la educación superior. Los recursos financieros ejercidos por la Universidad pública no representan un gasto, sino una inversión estratégica.

 
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