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  Edición 624
  Resucitar la desaparición de poderes, intentona de Morena
 
Juan Antonio García Villa
   
  En días pasados, algunos legisladores de Morena amagaron solicitar al Senado que declare desaparecidos todos los poderes; es decir, los tres (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de los estados de Guanajuato y Tamaulipas.

Casualmente en ambas entidades los gobernadores surgieron de las filas de Acción Nacional y, asimismo, con amplia mayoría de diputados locales panistas en su respectivo Congreso estatal. ¿A qué obedece esa intentona y cómo pueden los morenistas justificarla?

Sin duda tiene su origen en un evidente ánimo de venganza política por el señalamiento panista de las constantes pifias y pésimo desempeño del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morena, al que se han sumado ahora los diputados de ese mismo partido y sus aliados, quienes han llegado al grotesco acuerdo de separar temporalmente de su encargo al fiscal general de ese estado, y con respecto del cual dieron la consigna de dictarle orden de aprehensión con cualquier pretexto.

¿Cómo fundamentan los morenistas su propuesta de desaparición de poderes de Guanajuato y Tamaulipas? Muy sencillo: echando mano, al más puro y viejo estilo priista, de las figuras jurídicas que al viejo régimen le sirvieron para cometer sus tropelías y arbitrariedades cuando algún gobernador se salía del redil: lo destituían, sin derecho a audiencia, y junto con él a todos los diputados de la legislatura estatal, así como a jueces y magistrados del Poder Judicial local. Por parejo a todos, cuando el gobernador caía en desgracia ante el presidente de la República.

Ahora quieren hacer lo mismo en los dos mencionados estados. Fundan su petición en una facultad exclusiva del Senado, prevista por la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República, que en lo conducente dice que corresponde a aquél: «Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo (es decir, de un gobernador) provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa».

Nótese que esta figura para desaparecer los tres poderes de un estado está redactada para que su aplicación sea arbitraria a más no poder. ¿Por qué? Muy sencillo: porque no es el Senado el que «desaparece» los poderes, sino que simplemente declara que cuando éstos han desaparecido —sin preocuparse de establecer por quién, cómo, cuándo y por qué—, consideran que es llegado el momento de nombrarle un gobernador provisional que convoque a elecciones.

Implícito en el arbitrario procedimiento está que los afectados —gobernador, diputados, magistrados y jueces locales— no han tenido forma de defenderse ante el desconocido que los «desapareció». Así de simple el atraco. Se trata, quizá, de la figura —¿o institución?— más cavernícola del régimen constitucional mexicano.

Prevista en la Constitución de 1917, el régimen hegemónico la supo utilizar a placer. En particular a partir de 1929, pues le vino como anillo al dedo al sistema que a partir de ese año y hasta el 2000 tuvo como sus dos principales columnas la existencia de un partido oficial y un presidencialismo todopoderoso.

Y hasta al mismo priiato llegó un momento en que le pareció indebido acudir a ese bajuno expediente de la fracción V del 76 constitucional, pues dejó de aplicarlo después de 1975, cuando lo hizo válido por última vez con el gobernador Manuel Sánchez Vite, de Hidalgo.

Pero entre 1917 y 1975 se hizo funcionar en 62 ocasiones, que divididas en los 58 años que comprende este periodo dan en promedio poco más de una desaparición de poderes por año. Pues esa es la «institución» que ahora pretende desempolvar el viejo PRI reencarnado en Morena.

 
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