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  Edición 623
  Gobiernos maniatados
 
Editorial
   
  El recorte de participaciones y fondos federales en el presupuesto de egresos de 2020 someterá a los estados a mayores presiones económicas, políticas y sociales; máxime a los que registran pasivos elevados. Coahuila tiene una deuda de 12 mil 038 pesos por persona, 2.7 veces por encima del promedio nacional y la más alta del país, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Chihuahua, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y Coahuila cerraron el primer trimestre del año como las entidades más endeudadas con relación a su PIB.

A diferencia de la deuda de los demás estados, acumulada en décadas, Coahuila disparó la suya en los dos últimos años del gobierno de Humberto Moreira a 36 mil 509 millones de pesos después de haber recibido pasivos por 323 millones de la administración previa. El incremento resulta escandaloso por sí solo, pues jamás se informó de su cuantía ni sobre el destino de los recursos, pero la contratación de créditos con decretos falsos y otras arterías le dio al caso un cariz delincuencial.

Las investigaciones por el desvío de fondos del erario de Coahuila, realizadas por el gobierno de Estados Unidos, provocaron la detención del exgobernador Jorge Torres López, del exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, y del empresario mediático Rolando González Treviño, así como el decomiso de varias decenas de millones de dólares. Sin embargo, las cabezas de la trama urdida para enriquecer a un grupo y condenar al estado a una interminable penuria presupuestaria, permanecen impunes.

La disminución de participaciones a los estados y municipios es una forma de obligar a los gobiernos locales a racionalizar el gasto y adoptar las políticas de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los recortes de personal en las secretarías de Estado y en la mayoría de las dependencias han sido arbitrarios en algunos casos, pero las estructuras estaban sobrecargadas y los salarios de la alta burocracia eran excesivos para las condiciones del país y el ingreso de la mayoría de los mexicanos.

Las condiciones imponen a los gobernadores y alcaldes la tarea de ajustar sus presupuestos, suprimir personal innecesario, prescindir de gastos superfluos y cancelar privilegios a funcionarios y exfuncionarios, cuya protección le cuesta al estado cantidades ingentes. Subir impuestos o crear nuevos derechos o tributos es impopular, sobre todo en años electorales; como el siguiente, cuando se renovará el Congreso local. La resistencia de los contribuyentes a pagar más, aumenta por la percepción de que el gobierno utiliza el presupuesto para otros fines —personales o electorales—. Los recortes en las participaciones buscan también evitar la compra de votos, tipificada ya como delito grave.

Los gobernadores están bajo observación presidencial, y una forma de controlarlos es a través del presupuesto federal, de donde procede la mayor parte de los recursos estatales para gasto e inversión. Coahuila necesita dar ejemplo de congruencia y en ese sentido la Fiscalía General del Estado debe investigar las denuncias de la Auditoría Superior del Estado por la deuda irregular y las empresas fantasma en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira. La comisión legislativa para aclarar el destino de los créditos fue una farsa tolerada por el PAN. Es hora de recuperar propiedades y cuentas adquiridas con dinero de los coahuilenses.

 
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