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  Edición 621
  El gran corruptor
 
Editorial
   
  Entre las detenciones de Joaquín Hernández Galicia, Raúl Salinas de Gortari, Elba Esther Gordillo y Rosario Robles existen diferencias abismales. El móvil del encarcelamiento de los líderes petrolero y magisterial fue la venganza, no el deseo de procurar justicia ni de democratizar dos de los sindicatos más corruptos del país, pues aún lo son; en Coahuila el SNTE, para más inri, sigue secuestrado por el clan Moreira. Carlos Salinas y Peña Nieto dieron ese par de golpes de efecto al inicio de sus gobiernos para legitimarse por el fraude electoral de 1988 y por la compra de la presidencia en 2012.

La detención de Raúl Salinas, en cambio, respondió al compromiso del presidente Ernesto Zedillo con la justicia por los «casos de impunidad (…) resultado del abuso de autoridad, la venalidad, la corrupción. (…) Nuestra indignación es mucho mayor cuando los actos ilícitos son cometidos por quien debería vigilar el cumplimiento de la ley» (discurso de toma de posesión). Salinas fue señalado como autor intelectual del asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. En una entrevista con Carmen Aristegui, el expresidente De la Madrid acusó a los hermanos de corruptos y de haber recibido dinero del narcotráfico. También lamentó no haber sido cuidadoso en la elección de su sucesor.

Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de Carlos Salinas y de Peña Nieto, llegó a la presidencia legitimado. Treinta millones de mexicanos expresaron en las urnas su enfado con los partidos y políticos tradicionales —devenidos en burocracias inútiles cómplices del poder—, su deseo de cambio real —no logrado por el PAN—, su fe en un líder honesto y cercano a la gente y sus problemas, pero, sobre todo, su repudio a la corrupción y la impunidad en los más altos niveles del gobierno.

Las detenciones de la exsecretaria de Sedesol y de Sedatu, Rosario Robles, por La Estafa Maestra; del litigante del poder Juan Collado, por delincuencia organizada y lavado de dinero; de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, por la venta de una planta chatarra (Agro Nitrogenados) a Pemex a precio inflado; y la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera, por delitos de corrupción relacionados con Odebrecht, OHL y otras empresas, demuestran el compromiso de AMLO de erradicar vicios históricos.

Hablar de venganza por investigar delitos cometidos al amparo del poder, denunciados dentro y fuera del país y documentados ampliamente, obedece a intereses políticos. Las reacciones del PRI y del PAN no las motiva tanto el celo por la legalidad y el debido proceso —vulnerado en los casos de Florence Cassez y Elba Esther Gordillo—, sino el sentimiento de culpa por haber faltado a su promesa, cuando ocuparon la presidencia, de frenar y castigar el robo de recursos públicos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y otras formas de corrupción política. Descalificar a quien sí cumple pone de relieve la mezquindad de esos críticos.

La Fiscalía General de la República tiene mucho trabajo por delante para limpiar el sistema y recuperar la confianza en las instituciones. Lograrlo exige apego escrupuloso a la ley y respeto a las convenciones internacionales. Robles y Lozoya no eran autónomos, obedecían órdenes. En México, hasta hoy, ningún expresidente ha sido enjuiciado. Peña Nieto, señalado incluso por exaliados suyos como el gran corruptor, podría ser el primero. Perú y Brasil dieron el ejemplo al poner entre rejas a Alberto Fujimori y al carismático Lula da Silva.

 
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