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  Edición 620
  Coahuila en el candelero
 
Editorial
   
  Aún no terminaba de borrarse de la mente la imagen de los cuerpos inertes de los emigrantes salvadoreños Óscar Alberto Martínez, de 25 años, y de su hija Valeria, de dos, a la orilla del río Bravo, arropados en la misma camiseta, cuando policías del estado asesinaron en Saltillo al hondureño Marco Tulio Perdomo Guzmán (29) frente a su hija Nataly (8), el 31 de julio. Ambos salieron de la Casa del Migrante con un grupo que pretendía abordar el tren para viajar a la frontera e intentar cruzar a los Estados Unidos.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) dispararon a mansalva contra los emigrantes, uno de los cuales ocultó a su hijo de dos años en una tienda para librarlo del fuego. Si en Estados Unidos la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sugirió, según la agencia de noticias ProPublica, que la fotografía de Óscar Alberto y Valeria había sido manipulada, pues los cuerpos lucían «demasiado limpios», aquí la FGE quiso imponer su versión de lo ocurrido —culpar a la víctima y exonerar a los agresores— pero fue descubierta en la mentira.

A Marco Tulio se le sembró un arma para presentarlo como provocador; sin embargo, la FGE cedió ante la presión y la evidencia y detuvo a varios agentes, entre ellos al presunto asesino. La Casa del Migrante ha solicitado la renuncia del fiscal Gerardo Márquez, mientras el obispo de Saltillo Raúl Vera, defensor de los migrantes antes de que el fenómeno hiciera crisis por el racismo político y el discurso de odio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó terminar con el «ambiente de criminalización de los migrantes» y detener la caza de brujas causada por la amenaza de imponer aranceles comerciales a México.

Si la supuesta ejecución extrajudicial de traficantes de droga en el estado responde a una política pública para disuadir el crimen y «mantener el orden a cualquier costo» es violatoria del derecho internacional humanitario, con mayor razón lo es cuando se trata de emigrantes protegidos por mecanismos de Naciones Unidas. «Una ejecución por parte de agentes del Estado es extrajudicial cuando no está dentro de los siguientes parámetros: la legítima defensa; el combate dentro de un conflicto armado; el uso irracional necesario y proporcionado de la fuerza para hacer cumplir la ley; y por imprudencia, impericia, negligencia o violación del reglamento» (Wikipedia).

El caso del emigrante abatido ha puesto a Coahuila de nuevo en el candelero. La FGE debe afrontar su responsabilidad —el engaño para encubrir el asesinato no puede quedar impune—, y el gobierno de Miguel Riquelme, responder sin paliativos. Primero, para garantizar justicia; segundo, para que ese tipo de agresiones no se vuelva a repetir; tercero, para respetar y hacer cumplir los protocolos de protección a emigrantes; y cuarto, para dejar de acosar y estigmatizar, por razones políticas, a la Casa del Migrante. Si el proceso exige cambios radicales en la FGE, la Secretaría de Seguridad Pública y otras instancias, ningún compromiso o consideración personal deben interponerse.

La agresión del 31 de julio contra personas indefensas pudo haber tenido consecuencias más graves, no solo para los emigrantes y los habitantes de la colonia San Miguel, de Saltillo, sino también para el gobierno del estado. Es preciso desterrar el odio del discurso político, de la conversación cotidiana y de los medios de comunicación. La crisis humanitaria podrá resolverse con solidaridad y apego riguroso a las leyes, nunca con balas.

 
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