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  Edición 619
  Gobernar sin barreras
 
Editorial
   
  Los presidentes de México le tenían miedo cerval a sus gobernados. Desde Luis Echeverría, ninguno se mezclaba entre la gente como lo hace López Obrador incluso con mayor naturalidad; en ese período, los mandatarios no salían de Los Pinos si no eran rodeados por un ejército de guardaespaldas que quizá «ni Obama» tenía. En Estados Unidos, la protección del presidente, el vicepresidente y sus familias corresponde al Servicio Secreto, aunque también desarrolla funciones para prevenir e investigar la falsificación de dinero, fraudes, hurtos financieros y otros delitos (Wikipedia).

El Servicio Secreto depende del Departamento de Seguridad Nacional y lo integran alrededor de seis mil agentes. En México, la seguridad del presidente estaba asignada al Estado Mayor Presidencial (EMP), cuyo número de elementos era similar al de su equivalente norteamericano. Creado en 1942, el EMP devino en casta dorada. Y como sucede en Coahuila con la legión de policías pagados por los contribuyentes para cuidar a las cabezas y a los peones del moreirato, en vez de salvaguardar a la población, las fuerzas federales dejaban de prestar otros servicios al país.

Una de las primeras medidas del gobierno de López Obrador consistió en desaparecer el EMP e integrar sus elementos a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. En el sexenio pasado, proteger y atender al jefe de Estado y de gobierno mexicano costó más de seis mil millones de pesos. El 22 de febrero de 2018, el EMP celebró su día sin saber que sería el último. En la ceremonia, una frase de cinco palabras —colocada a espaldas de Peña Nieto— resumía la función de este controvertido órgano técnico militar: «¡Al presidente nadie lo toca!».

Además de corrupto y frívolo, Peña fue un presidente pusilánime. Ni José López Portillo aireó su vida privada con el descaro con que lo hace el «orgullo de Atlacomulco». Repudiado por los mexicanos, el expresidente se perdió en la soledad junto con su segunda esposa y con sus hijos; y murió, si no en la pobreza, sí muy cerca de ella. Además de su pensión, vivía de la ayuda de «políticos ricos». Lo único que pedía era respetar su intimidad para rumiar el fracaso por el cual lloró y pidió perdón en su último informe. Quizá al final López Portillo obtuvo indulgencia; Peña Nieto, en cambio, se obstina en ser recordado con desprecio.

López Obrador, a diferencia de sus predecesores, no teme a las personas; por esa razón prescindió de los símbolos del poder que en realidad eran barreras infranqueables para que nadie tocara al presidente, cual si fuese dios. Ello explica, en parte, por qué AMLO mantiene altos niveles de confianza después de siete meses de gobierno, no exentos de errores y turbulencias. La mayoría de los mexicanos le cree; y en contra de quienes tildan a sus seguidores de fanáticos, la encuesta de Reforma y The Washington Post (17.07.19) refleja madurez social en sus evaluaciones, pues reconoce éxitos y fracasos.

Frente al 53 y el 49% de los ciudadanos satisfechos con los resultados de la lucha contra la pobreza y la corrupción, el 52 y el 55% reprueban las políticas del presidente para combatir el crimen y reducir la violencia. Para el 86% de la muestra, Peña Nieto cometió actos de corrupción por los cuales AMLO debe castigarlo, respondió el 78%. El mensaje es irrefutable: ni perdón ni olvido. Todavía es temprano para juzgar el sexenio, pero la encuesta es un buen termómetro.

 
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