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  Edición 618
  Diques fracturados
 
Editorial
   
  Han transcurrido nueve años desde que se descubrió la megadeuda de Coahuila, sin que ninguno de los responsables haya sido procesado todavía; mientras, el estado afronta apremios financieros cada vez mayores. La apuesta del moreirato ha sido por el agotamiento, la prescripción de delitos y el olvido. Las legislaturas de mayoría priista implicadas, los últimos fiscales y el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) han cumplido con celo ignominioso la encomienda de encubrir una trama urdida desde el centro mismo del poder, ejercido arbitrariamente por los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El absurdo tiene una explicación: algunos de los defensores del clan fueron sus cómplices y ahora ocupan puestos clave en el Congreso y en el aparato de justicia.

Los partidos de oposición y los organismos del sector privado renunciaron a su compromiso de presionar a las autoridades para exigir el esclarecimiento de la deuda y someter a juicio a quienes abusaron de su autoridad e infringieron leyes para hipotecar al estado. El vacío de liderazgo lo han cubierto ciudadanos y organizaciones civiles. A ellos y a algunos medios de comunicación se debe que el tema continúe vigente en la agenda del país. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó levantar la veda sobre el moreirazo.

Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción deberán turnar a un juez las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra la Secretaría de Finanzas por irregularidades cometidas en los ejercicios 2013 y 2014, cuyo monto asciende a 691 millones de pesos. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, siempre ha preferido mirar para otro lado. El zar Jesús Homero Flores Mier presenta como una proeza haber enjuiciado a 31 funcionarios y recuperado 700 mil pesos dentro del Reto de los 100 días.

En un estado donde la deuda pública se disparó de 380 millones de pesos a cerca de 40 mil millones, en el lapso de un sexenio; donde se contrataron créditos a espaldas del Congreso y con documentos falsos; donde se ocultaron pasivos y se desviaron casi 500 millones de pesos a empresas fantasma, y donde el sistema de Pensiones fue saqueado, los resultados expuestos por Flores Mier son ofensivos y ridículos. Para dar credibilidad y legitimidad a la estructura creada para combatir la corrupción, es preciso depurarla. El SEA lo diseñó Rubén Moreira para cubrirse las espaldas. Sin embargo, la presión social y las denuncias de la ASE, por la deuda, las firmas fachada y otros gastos anómalos, empiezan a surtir efecto. Los diques de la impunidad ya están fracturados.

Para responder a las demandas de justicia de los coahuilenses, también es condición separar de sus cargos e investigar a quienes la obstruyeron, participaron —directa o indirectamente— en el quebranto o son manifiestamente incompetentes. Magistrados como Homero Ramos Gloria (procurador del moreirato) y el fiscal Flores Mier (del mismo grupo) lastran las instituciones. La iniciativa del presidente López Obrador para purgar los tribunales de justicia y los sistemas estatales anticorrupción, convertidos en refugio de políticos, obedece al clamor nacional de terminar con la simulación y eliminar el sistema que premia la indecencia en vez de castigarla.

 
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