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  Edición 617
  Resquicio para la justicia
 
Editorial
   
  Coincidente con el inicio del simulacro de elección para imponer a Alejandro Moreno —clon de Peña Nieto y acólito de López Obrador— y a la esposa del exgobernador Rubén Moreira en la presidencia y en la secretaría general del PRI, respectivamente, la Auditoría Superior del Estado (ASE) logró abrir el expediente de la megadeuda. La Procuraduría General del Estado (hoy Fiscalía) y la mayoría priista y sus adláteres en las cuatro últimas legislaturas le dieron carpetazo desde 2011 para proteger a los autores y beneficiarios del «moreirazo».

El caso se refiere al ocultamiento de créditos por tres mil 994 millones de pesos, casi el 10% de la deuda, por parte de la Promotora para el Desarrollo Económico de Coahuila (Pideco). La ASE detectó en la cuenta pública de 2010 transferencias por ese monto a la Secretaría de Finanzas y al Servicio de Administración Tributaria, correspondientes a facturas presentadas por Pideco en el programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera. El gobierno federal denunció el «moreirazo». en 2011, pero nada hizo para investigarlo y menos aún para encausarlo.

El amparo del Juzgado Segundo de Distrito contra el no ejercicio de la acción penal, dictado en 2016 por la Procuraduría de Justicia del Estado, entonces a cargo de Homero Ramos Gloria, uno de los peones del moreirato cuyos servicios pagaron con una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia, abre un resquicio para procesar a los responsables. Sin embargo, la cifra involucrada no representa siquiera la cuarta parte de la deuda adquirida con decretos apócrifos.

La Fiscalía General del Estado, cuyo desempeño hasta ahora ha sido mediocre —además, no se puede litigar y al mismo tiempo procurar justicia—, tiene la oportunidad de demostrar su independencia de los Moreira y que el gobierno actual no es extensión del clan. También es ocasión para que el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local y Armando Guadiana, quien como ciudadano estuvo más atento al tema de la deuda, que ahora como senador, presionen en la misma dirección. Y si el presidente López Obrador es congruente, en Coahuila existen motivos suficientes para demostrar que su compromiso de atacar la corrupción y la impunidad no era pura demagogia.

El escepticismo ciudadano no es de balde. Lo mismo que Fox, AMLO ha faltado a su promesa de sanear el sector gubernamental, donde la corrupción no solo se comete con todos los agravantes, sino también con la seguridad de no ser castigada. No se trata de saturar las cárceles de políticos y funcionarios —como ahora lo están, en muchos casos, de gente inocente o a la cual se le fabricaron delitos— solo para dar gusto a la galería, pero tampoco de dejar impunes sus crímenes.

El desprecio de la clase gobernante por la ley tiene como respuesta el repudio ciudadano contra la política y todo lo que representa. Las rechiflas a los gobernadores en las giras de López Obrador, de las cuales tampoco se salva el presidente, pueden ser inducidas en parte, pero reflejan un sentimiento social largamente reprimido. Los auditorios se colmaban antes con adeptos aleccionados para quemar incienso y aplaudir. En los mítines de AMLO también hay acarreados, pero la actitud general hacia el poder es otra. Por no entenderlo así, el PRI terminará sus días como comparsa de Morena.

 
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