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  Edición 615
  ¿Fin de la impunidad?
 
Redacción
   
  Hasta antes de la detención de Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), el 28 de mayo, en España, nuestro país era el único remiso en el caso de la multinacional brasileña acusada de pagar coimas por 200 millones de dólares a políticos, funcionarios y empresarios de 10 naciones de América y dos de África a cambio de contratos. De acuerdo con el diario El País «la empresa siderúrgica (…) estaría detrás de sobornos millonarios pagados por Odebrecht a políticos mexicanos».

El actor principal de la trama en México es Emilio Lozoya Austin, coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, quien premió sus servicios con la dirección de Pemex. Luis Alberto de Meneses Weyll, director de Odebrecht en nuestro país entre 2010 y 2017, acusó a Lozoya de recibir sobornos por 10 millones de dólares, antes y durante su gestión en la petrolera nacional. En ese periodo, la gigante brasileña obtuvo contratos por mil 500 millones de dólares, sin licitación.

Dos semanas antes de asumir la presidencia, Peña Nieto se reunió en Querétaro con Marcelo Odebrecht, dueño del conglomerado. Sin embargo, ya se conocían. En 2010, el entonces gobernador del Estado de México viajó a Sao Paulo para entrevistarse con el magnate. Como candidato, presidente electo y jefe de Estado en funciones, Peña celebró entrevistas con Odebrecht, admitió la Presidencia de la República ante los señalamientos de la organización Mexicanos Primero Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Existen bases para suponer que Lozoya destinó una parte de los sobornos a la campaña de Peña Nieto. Carlos Fadigas, exdirector de la petroquímica Braskem y quien ahora colabora con la justicia de Brasil, aseguró que la filial de Odebrecht apoyó la campaña de Peña «de tiempo completo». Grupo Reforma y MCCI documentaron que la constructora transfirió 3.1 millones de dólares a LatinAmerica Asia Capital, en las Islas Vírgenes, empresa vinculada a Lozoya, «en pago por supuestos favores».

Cuando Santiago Nieto Castillo (SNC), a la sazón titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, recibió la encomienda de investigar el caso en México, centró su atención en Lozoya. Marcelo Odebrecht lo había señalado ya entre los funcionarios comprados por su empresa. El procurador interino Alberto Elías Beltrán lo destituyó en 2017 por supuestas filtraciones, pero en realidad fue porque representaba un riesgo para el gobierno de Peña y para el PRI. Hoy, desde la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, SNC puede continuar la tarea iniciada en la Fepade para castigar a los delincuentes de cuello blanco involucrados en el escándalo Odebrecht.

La detención de Alonso Ancira es por el delito de daño patrimonial en la venta de una empresa chatarra (Agro Nitrogenados) pagada por Pemex a precio de oro (273 millones de dólares), y la orden de aprehensión contra Lozoya, por lavado de dinero. Sin embargo, su vinculación con el caso Odebrecht, por una serie de transferencias a entidades relacionadas con el exdirector de Petróleos, les coloca en una situación harto difícil por tratarse de una investigación de alcance internacional. La presión interna y externa les ha costado el cargo, la libertad —e incluso la vida— a presidentes y empresarios de Brasil, el Perú y otros países. México debe dejar de ser ya el reino de la impunidad.

 
   
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