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  Edición 615
  La libertad y la calidad, proscritas en materia educativa
 
Juan Antonio García Villa
   
  Entre los días 9 y 11 de mayo, ambas Cámaras del Congreso aprobaron en periodo extraordinario de sesiones las modificaciones constitucionales para echar abajo la reforma en materia educativa aprobada en 2013. Se hizo tal contrarreforma de manera atropellada, luego de que en el periodo ordinario, concluido el último día de abril, ello no fue posible por un solo voto que faltó en el Senado para alcanzar la mayoría calificada de las dos terceras partes de los votos, que se exige cuando se trata de modificaciones a la Carta Magna.

Ya en el periodo extraordinario de sesiones de mayo, en la Cámara de origen, que fue la de Diputados, los integrantes de ésta dispusieron apenas de dos horas para enterarse del dictamen integrado por 405 hojas. Tiempo a todas luces insuficiente para darle siquiera una lectura superficial; vaya, ni una rápida hojeada. Luego, en maratónica sesión, todo quedó aprobado.

Dos días después el Senado, con parecido desaseo, hizo lo propio. Y llegó el turno a las legislaturas locales, como etapa final que son cuando se trata de modificaciones constitucionales. Soy diputado local de oposición en Coahuila y me tocó vivir esta parte final del proceso legislativo de reformas a la Constitución.

La correspondiente minuta con proyecto de decreto se recibió en el Congreso de Coahuila el lunes 13, se dictaminó en comisiones el martes 14 y el miércoles 15 de mayo la discutió y aprobó el Pleno, con el voto en contra de los nueve diputados de Acción Nacional.

El ejercicio de la Legislatura coahuilense resultó un tanto ocioso, porque los noticieros nocturnos del martes 14 informaron que habían dado ya su aprobación a la contrarreforma educativa 17 congresos locales.

Casualmente el miércoles 15, Día del Maestro, en el momento en que los diputados locales de Coahuila discutíamos el dictamen de esa contrarreforma, el presidente López Obrador la promulgaba. E incluso ese mismo día, «tan significativo y simbólico», se publicó en el Diario Oficial.

Me correspondió participar en tribuna para exponer los argumentos de la posición en contra de los diputados panistas. Empecé por señalar que no repetiría las razones aducidas por los diputados federales y senadores panistas durante el proceso legislativo, bien conocidas por el público interesado en el tema. Dije que daría otro enfoque a mi argumentación, consistente básicamente en cuatro puntos. De éstos aquí sólo daré cuenta de dos, por razones de espacio.

Expresé que hay dos palabras que parecen como proscritas, malditas, anatemizadas y por ello no se les permite inscribirse o permanecer en el texto de nuestra Constitución en la parte relativa a la educación, es decir, en el artículo 3°. Son la Libertad y la Calidad (y la gemela de esta última que es la Evaluación).

Las Constituciones de los países democráticos suelen traer como principio fundamental en materia educativa el de la libertad enseñanza. No puede haber ciudadanos libres si no se les educa con libertad. Cuando ésta no se permite, se troquelan las conciencias, práctica propia de los regímenes totalitarios.

En nuestro país, hasta ahora ha sido imposible incorporar al artículo 3° la libertad de enseñanza como principio fundamental. Artículo por cierto que durante más de una década estableció que la educación debía ser socialista.

Pues bien, cuando López Obrador envió su iniciativa propuso derogar la fracción VII del artículo 3°. Esta fracción es la que establece la autonomía universitaria y el principio de «libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas». De inmediato lo notaron los diputados panistas y también de inmediato se produjo una generalizada reacción de protesta. El gobierno alegó que tal propuesta de derogar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra obedeció a un «error de captura» —que nadie creyó— y reculó.

La reforma educativa de 2013 incorporó al texto del artículo 3° cuatro veces la palabra calidad y otra el concepto sin mencionarla expresamente. Una en el párrafo tercero: «El Estado garantizará la CALIDAD de la educación obligatoria…» que ha quedado ya derogado. La segunda en la fracción II: Uno de los criterios que orientará la educación obligatoria «será (el) de (la) CALIDAD, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos». Esta fracción está ya cancelada.

La tercera y cuarta vez aparecía esa misma palabra en la fracción IX:

«Para garantizar la prestación de servicios educativos de CALIDAD se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa… (al que) corresponderá … evaluar la CALIDAD, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional…» se suprimen y se sustituyen por un sistema nacional de mejora continua de la educación, el cual no tiene como herramienta la evaluación.

Con esta contrarreforma, resultado del chantaje y la extorsión de un violento grupúsculo al que de esta manera se pagan favores políticos, la educación nacional, han afirmado los que conocen el tema, retrocede cuando menos tres décadas.

 
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