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  Edición 614
  La esperada visita
 
Rosa Esther Beltrán
   
  No se puede negar que la visita del presidente López Obrador a Coahuila el 3, 4 y 5 de mayo pasado fue muy productiva y fructífera. En efecto, el encuentro del presidente con los coahuilenses fue plural, multitudinario y extremadamente reclamante.

En Monclova, Sabinas y Ciudad Acuña estuvieron presentes los maestros de la Coalición de Trabajadores de la Educación reclamando atención a sus añejas demandas de violaciones a sus derechos humanos por parte de las instituciones obligadas a atender su seguridad social, por la que durante décadas aportaron sus impuestos a través de su desempeño laboral; AMLO dijo, textualmente que, «es una vergüenza lo que ocurre con la salud pública… no hay medicinas, no hay médicos, tiene que haber atención médica y medicamentos gratuitos, es un derecho plasmado en el artículo 4° de la Constitución que no se está cumpliendo y esto tiene que dejar de ser letra muerta, en el caso de los maestros, lo mismo»; oíste Moreira tres, es la exigencia del mero mero, que a ti te ha valido.

También asistieron las viudas y familias de los mineros sepultados en la mina de Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006, su demanda ha sido recuperar los restos de los 65 mineros sepultados en la mina, es una exigencia que une a viudas y familiares de las víctimas; ellos mostraron una pancarta de agradecimiento por la decisión del presidente de rescatar los cuerpos atrapados, López Obrador dijo que podría solicitar ayuda técnica a países como Estados Unidos, China y Alemania para extraer los restos.

Habría que recordar el caso de los 33 mineros de Chile que tras un derrumbe quedaron sepultados en la mina de San José a 750 metros bajo tierra en la región de Atacama, más fueron rescatados con vida después de 70 días, allá sí se pudo.

En el recorrido del presidente se denunciaron también los casos de las masacres de Allende y Piedras Negras y el señor Miguel Riquelme dijo que, pedirá perdón a los familiares de las personas asesinadas en esos municipios, porque hace ocho años fueron masacrados más de 300 habitantes a las que el Estado mexicano les adeuda garantías y derechos que, en su momento, fueron violados. Mas las familias exigen justicia, que se aclaren los casos de asesinados y desaparecidos y se castigue a los culpables.

Otro asunto muy relevante fue el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador que exigió a las empresas manufactureras de Coahuila pagar a sus trabajadores el salario mínimo, que en enero aumentó al doble a lo largo de la frontera norte. Por decreto, en la franja fronteriza el salario mínimo pasó de 88.36 pesos a 176.72 y preguntó a los y las trabajadores si ya estaban percibiendo el aumento de seis mil pesos al mes y los trabajadores respondieron NOOO, el reclamó se presentó en Ciudad Acuña, por lo que ordenó a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, supervisar el cumplimiento del decreto salarial, pero además, el presidente adelantó que regresará a Acuña para verificar si las maquiladoras están pagando lo justo a los empleados.

El 5 de mayo, en la ceremonia conmemorativa del 157 aniversario de la Batalla de Puebla integrantes de los colectivos Fundec-Fundem, FundeNL, y Familias Unidas, colocaron mantas, llevaron sobres con informes para el presidente y aprovecharon el silencio de las pausas en los discursos para gritar consignas y llamar su atención, los demandantes entregaron a López Obrador expedientes y la solicitud de ser recibidos como los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa para llegar a la verdad y a la justicia.

Fue de verdad una gira multitudinaria en la que se renovó la confianza de la población en que las tragedias ocurridas en Coahuila durante las dos últimas décadas recibirán atención del gobierno federal y se abrirá la puerta a la Justicia en esta tierra tan golpeada por el senil priismo.

La prioridad

El 7 de mayo, el presidente López Obrador informó, que fortalecer la búsqueda de los desaparecidos es la número uno de todas las numerosas prioridades que se presentan en este país, AMLO comentó además que este problema creció y no se atendió, llegando a ser extremadamente doloroso.

Cierto, vivimos en un país con profundos agravios en el que la descomposición del tejido social ha llegado a gangrenar a las instituciones e incluso en las familias mexicanas, hay disgregación y profunda desintegración, lo que obliga a pensar que se impone una cirugía mayor, porque hay un problema de ausencia de Estado que se refleja en la numerosísima desaparición forzada, más de 26 mil cuerpos sin identificar y más de 40 mil desaparecidos, aunque la cifra podría ser mayor ahora que se están visibilizando; ante la emergencia forense, el país se puede calificar como una gran fosa clandestina.

Aunque también hay más de 250 mil homicidios vinculados con la delincuencia organizada, así como los altos niveles de violencia que enfrentan las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes que en ese caso hasta abril de 2018 sumaban seis mil 614 niños desaparecidos, lo que representa el 17.7% del total de las desapariciones del país.

Esta realidad demoníaca, gradualmente develada y visibilizada por el actual gobierno federal, implica asumir con urgencia como eje rector los derechos humanos y por ello se está ante el desafío de la reconstrucción total del Estado mexicano, eso se dice fácil, pero gobernar e inducir un cambio parece inalcanzable contra más de 90 años de prácticas políticas corruptas; con algunos sexenios que fueron la excepción. El Estado debe volver a construirse poniendo un alto a los poderes fácticos que subsumieron y desmantelaron el Estado de derecho que debe ser el garante de la paz, la estabilidad, la seguridad social y la justicia.

Lo que es evidentísimo es la catástrofe de derechos humanos que heredó este gobierno y que ahora con cinismo y desfachatez los opositores a López Obrador exigen que se resuelva ya —en 15 minutos como ofreció Vicente Fox resolver el problema del EZLN— a seis meses de haber iniciado este sexenio, cabe preguntar, qué hicieron los gobiernos panistas y el último priista para resolver esta catástrofe, cerraron los ojos con una crueldad inconmensurable y con negligencia grotesca en la crisis de desapariciones, el problema enfrenta obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

El esfuerzo institucional y presupuestal que esta crisis requiere es desmedido, descomunal e involucra a todas las entidades de la federación y en particular a las fiscalías, el subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas, de la Segob, asegura que ya se está trabajando mediante un plan que contiene 11 puntos que ya están en marcha y que se debe avanzar en un registro nacional de personas desaparecidas confiable, por lo que se trabaja para crear la cédula de identidad.

Ayer informó Encinas que se localizaron 222 fosas clandestinas con 337 cuerpos en 81 sitios, esto en un lapso de cinco meses y medio de trabajo del actual gobierno.

Además, en el espeluznante caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se firmó un decreto para la formación de una Comisión de la Verdad de la que Alejandro Encinas informó que la administración pública colaborará con la investigación penal, como fue instruido en el decreto presidencial, además Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas suscribió un acuerdo para la asesoría técnica de la Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa.

Por si esto fuera poco, para los opositores al gobierno de la 4T el Gobierno atenderá necesidades de las familias de Guardería ABC; afirmó Encinas al reunirse con los padres de los 49 niños fallecidos en el incendio de la estancia infantil de Hermosillo.

Hay mucho más que decir sobre las acciones del gobierno de la 4T a favor de la población agredida por los gobiernos federales mexicanos de los últimos 35 años.

 
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