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  Edición 614
  ¿Y los de adentro…?
 
Esther Quintana Salinas
   
  No es común en Europa consultar a la ciudadanía sobre el tema de la inmigración. No obstante, en octubre de 2014, en Suiza se organizó una consulta popular al respecto, y dos años más tarde en 2016, en Hungría se hizo un referéndum sobre la pretensión de la UE de imponer cuotas de inmigrantes a aquel país. En el primer caso, el rechazo a la inmigración masiva fue del 50.33%, pero en el segundo, los húngaros se opusieron de manera contundente a la misma, con un 98.36% de los votos emitidos.

De tal suerte, que la inmigración masiva se ha implantado en aquellas latitudes sin consulta democrática. Y es que en el viejo continente la inmigración no compagina con sus demandas económicas; por un lado, porque se trata en su mayoría, de personas no calificadas para los trabajos que se requieren, y además porque que el costo social repercute enormemente en sus presupuestos. A diferencia de Australia, en la que solo se admiten inmigrantes cualificados, y esto se complementa con una política de «tolerancia cero» para quienes entren de manera ilegal al país y hay un no rotundo a las solicitudes de asilo.

La inmigración que sí funciona en países europeos como Alemania, Suiza, Francia y Bélgica, es la de europeos, es decir de millones de italianos, portugueses, españoles, entre otros, que se integran con facilidad y sin traumas a la sociedad, se explica por cultura e idiosincrasia en común. La que es un completo fracaso es la de musulmanes y de personas provenientes de África. Hay un desarraigo cultural preponderante, esencialmente entre los jóvenes, en los que se presenta una tasa altísima de criminalidad. Las cárceles europeas tienen una sobrepoblación de extranjeros verdaderamente alarmante. Las estadísticas indican que el grueso de esta sobre representación proviene de segundas, terceras y cuartas generaciones que no han modificado sus comportamientos. El fenómeno del terrorismo islámico está ligado a la población acogida. Es importante destacar que el grueso de la población migrante proviene de países en los que no existe o es mínima, la tradición democrática, y esto según los expertos, debilita la democracia.

Los inmigrantes se van quedando por el acceso automático a los subsidios y prestaciones sociales que se les brinda en el país anfitrión, incluso a los ilegales, muchas veces, o casi siempre, en perjuicio de los nacionales, que se ven relegados o directamente ignorados por sus propios gobiernos. Está claro, pues, que la inmigración consentida en los países europeos, deviene de la decisión unilateral del gobierno, no de la sociedad. La clase gobernante ignora la dimensión sentimental de sus gobernados.

La historia de la migración tiene en nuestro país una doble connotación porque muchos nacionales han emigrado a los Estados Unidos y también nuestra vecindad geográfica con aquel país nos ha convertido en puente de paso para muchos extranjeros provenientes de Centroamérica, fundamentalmente, y en las últimas fechas, de cubanos y hasta de africanos. La historia de la migración de nacionales inicia a mediados del siglo XIX, por la necesidad de mano de obra para construir el ferrocarril en el oeste americano. Las líneas férreas la requerían y entonces se contrató tanto a mexicanos como a centroamericanos. Ayer y ahora, la historia de migración es en realidad, la apertura y el cierre de puertas a la mano de obra. Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Jalisco y Durango son de los estados que más migrantes han aportado a los vecinos. Cabe mencionar que hoy día, ha disminuido la participación de mexicanos en el sector agrícola y manufacturero y se ha centrado mayoritariamente en el sector servicios y en la construcción. No obstante persisten las ocupaciones poco calificadas, sueldos bajos, y en su mayoría careciendo de prestaciones laborales, en la que continúan los trabajadores mexicanos. A México le representan un ingreso importante a su economía las remesas enviadas por los migrantes, así lo destacan los informes del Banco Mundial: 28 mil 500 millones de dólares en 2016. En contraste, en 2017 fuimos el quinto país del continente americano con más migrantes internacionales, un millón 224 mil almas y nueve mil 017 refugiados, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El corredor México-Estados Unidos, sigue siendo hoy por hoy el principal y más grande en estos menesteres.

Los ingresos ilegales de extranjeros a nuestro país traen consigo la deportación de los mismos. Estas deportaciones de migrantes se han incrementado en los primeros cinco meses del gobierno de López Obrador. El número de expulsados casi se ha triplicado, de los cinco mil 717 de diciembre de 2018 a los 14 mil 970 de abril, según datos preliminares del Instituto Nacional de Migración (INM), hasta sumar un total de 45 mil 370 personas, la mayoría de origen centroamericano. Este incremento se da después de que el gobierno mexicano declarara la necesidad de «ordenar» el fenómeno migratorio, un cambio con respecto al inicio del año, cuando permitió la entrada masiva de miles de migrantes en caravanas que pretendían llegar a Estados Unidos. El número de deportaciones ya ha superado las del último periodo de Peña Nieto. Pese a esto, el gobierno mexicano insiste en que no ha habido cambio de política respecto al inicio del sexenio y mantiene un discurso de mano tendida a los recién llegados. Sin duda ha reculado, porque ahí están los números, por las presiones de la administración de Trump.

Las caravanas de migrantes centroamericanos son «un éxodo creado por el hambre y la muerte». Y coincido, no obstante, también se cuelan entre sus integrantes personas con intereses muy distintos. La seguridad y el combate al crimen organizado son dos de las razones que el gobierno ha esgrimido para justificar los operativos policiales: «No queremos que [los migrantes] tengan libre paso, no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad», ha declarado López Obrador en rueda de prensa hace dos semanas. Los llamados «coyotes», los traficantes que hacen negocio con el traslado de migrantes hacia Estados Unidos, están en la mira de las autoridades. El número de migrantes le va quedando enorme a la infraestructura con la que cuenta el país. Muchos de ellos viven hacinados en las instalaciones que se han acondicionado para auxiliarlos, no se diga las del INM. No se dan abasto ni con alimentos, ni con medicinas. Lo hemos visto en los informativos por la televisión. Hace unos días se fugaron alrededor de 100 migrantes, principalmente cubanos del principal albergue de Tapachula. Muchos prefieren la deportación, sus sueños se ven eclipsados con la realidad reinante en territorio mexicano y el no rotundo de Trump a permitirles el ingreso a los Estados Unidos. No importa, en el caso de los nicaragüenses, regresar al martirio impuesto por el dictador Ortega.

El gobierno mexicano abrió las puertas, pero como bien apuntó alguien que conoce de cerca la debacle: «… se le olvidó que tenía a EE.UU. de vecino». ¿Bastará con las tarjetas de «visitante regional» que ofrece la administración lopezobradorista para limitar la movilidad de los centroamericanos a cuatro estados del país? Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores ya ha dicho que sí y que no piensan modificar la disposición.

Hay una realidad insoslayable, la presencia de grupos delincuenciales ha aumentado de manera significativa en países como Guatemala, Honduras y El Salvador; los narcotraficantes han utilizado a las pandillas existentes para aumentar sus ventas y distribución de droga, de ahí surgieron los Mara Salvatrucha y los Mara-18, las bandas con mayor poder económico y político de la región. Muchos centroamericanos vienen huyendo de eso y también de la pobreza estructural y de la falta de oportunidades que les impiden vivir como personas. Estados Unidos les cierra la puerta, y entonces México deja de ser «servidumbre de paso» y se convierte en su destino. ¿Estamos preparados para ese flujo de seres humanos? ¿Cómo solventamos sus necesidades básicas?

En el caso de México, la CEPAL enfatiza que más del 35% de su población está en pobreza y entre 10% y 15% en pobreza extrema, solo antes que Bolivia y Honduras, mientras que Chile y Uruguay tienen una tasa de pobreza inferior a 15% y la tasa de pobreza extrema en Argentina, Chile y Costa Rica está por debajo de 5%. El Informe señala también que el país tardaría 16 años más para alcanzar la meta de reducción de pobreza, es decir, hasta 2035, cuando en países como Chile la meta ya se alcanzó y otros como Costa Rica y Perú estarían próximos a lograrlo.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con datos del INEGI, tiene registros bien puntuales de cómo la pobreza incide negativamente en educación, servicios, seguridad social, alimentación y vivienda.

¿Es posible, racionalmente hablando, ayudar a otros, en las condiciones en las que se encuentra el país? Y no es asunto de mezquindad, muchos de los migrantes necesitan el auxilio… pero ¿Y los de casa?... ¿Por qué no pregunta el presidente a los de casa? El señor tiene delirio por las consultas ciudadanas.

 
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