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  Edición 613
  Tambores de guerra
 
Editorial
   
  El primer enfrentamiento en Saltillo entre la delincuencia organizada y la fuerza pública ocurrió el 4 de marzo de 2011, mientras Humberto Moreira asumía la presidencia del PRI, en Querétaro, tras haber dejado el gobierno y a Coahuila en una crisis sin fin. El suceso —declaró después— lo desconcentró de su discurso. Quizá aún no dimensionaba los alcances del mensaje. En los primeros años del moreirato la violencia se concentró en La Laguna donde la administración cobró caro a la ciudadanía haber votado contra el PRI en Torreón en 2005. Luego se propagó a las demás regiones como fuego en pastizal.

Catorce días después de la balacera en la capital, a la cual seguirían otras más cruentas, Los Zetas cometieron en Allende una de las mayores atrocidades: arrasaron viviendas, asesinaron y familias enteras desaparecieron. En ese tiempo, el cartel había convertido al penal de Piedras Negras en campo de exterminio. El caso de Allende recibió poca atención en México y Coahuila, pero en 2014 se convirtió en escándalo internacional por las investigaciones de algunos medios de comunicación extranjeros. En Anatomía de una masacre (2017), ProPublica y National Geographic, describen el horror:

«Los indicios de que algo innombrable pasó en Allende son contundentes. Cuadras enteras, en algunas de las calles más transitada del pueblo, yacen en ruinas. (…) Esparcidos entre los escombros quedan vestigios raídos y enlodados de vidas destrozadas: zapatos, invitaciones a bodas, medicamentos, televisores, juguetes. (…) Durante años después de la matanza, las autoridades solamente hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar. Erigieron un monumento en Allende para honrar a las víctimas, sin determinar por completo lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables».

La guerra contra las drogas no ha terminado, advierte el Semáforo Delictivo en el informe correspondiente al primer trimestre del año. Coahuila figura entre los estados con los menores índices de homicidios después de Yucatán, Campeche, Durango y Aguascalientes. Sin embargo, en narcomenudeo registra la mayor tasa de incidencia con 76 denuncias por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la media nacional (14), lo cual resulta preocupante. Las raíces del fenómeno son bastante fuertes y profundas, pues el crimen organizado recibió apoyo y protección del gobierno a cambio de dinero. La riqueza de algunos funcionarios del docenio, investigados en Estados Unidos, no se explica de otra manera.

Coahuila había sorteado la ola de violencia de los primeros meses del gobierno de López Obrador, pero el tiroteo del 27 de abril, en la colonia Loma Linda de Saltillo, donde murieron nueve presuntos sicarios y dos policías fueron heridos, atrajo la atención nacional antes centrada en Guanajuato y Veracruz, gobernados por el PAN y Morena, respectivamente, por el asesinato de civiles atribuido al crimen organizado. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado deben ser inobjetables y no dejar lugar a dudas, pues, por la posición de los cadáveres, se sospecha de ejecuciones.

Se trata de una coincidencia, pero la víspera de la balacera en Saltillo, el Instituto Estatal Electoral aprobó la creación del Partido Unidos, cuya cabeza visible es Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo y sobrino de los exgobernadores responsables de la ruina del estado. Los tambores de guerra —política y criminal— han vuelto a redoblar.

 
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