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  Edición 609
  El socio del poder
 
Editorial
   
  El saqueo sistemático e indiscriminado de las arcas estatales, en los sexenios comprendidos entre 2005 y 2017, no debe quedar impune, así sea en Estados Unidos donde se castigue. Quizá la deuda por 37 mil millones de pesos jamás se penalice como tal, pero sí el desvío de recursos para lavar dinero en paraísos fiscales y comprar empresas y bienes inmuebles, parte de los cuales fueron confiscados por el gobierno norteamericano. Hace dos años, una casa de la suegra del exgobernador Humberto Moreira —adquirida con dinero de los coahuilenses, según documentos de la Corte de Distrito del Oeste de Texas—, fue rematada en San Antonio en 10.3 millones de pesos (Reforma, 27-02-17).

El enriquecimiento flagrante y obsceno de una panda significó la ruina financiera del estado —cada año se distraen alrededor de tres mil 500 millones de pesos del presupuesto solo para el pago de intereses— y el empobrecimiento de millares de familias. Coahuila es fuerte por quienes no claudican frente a la adversidad ni se humillan ante el poder. El papel de las cuatro últimas legislaturas —adictas a los Moreira— resultó abyecto y criminal. Legalizar el robo al estado, por la deuda, constituye una bajeza imperdonable.

En esa dinámica perversa, los hombres del poder dieron un paso suicida: se asociaron con la delincuencia organizada para multiplicar sus ganancias (el dinero del erario no les bastaba), desestabilizar municipios gobernados por otros partidos (el caso de Torreón, por donde entraron los Zetas a Coahuila, es paradigmático), sembrar terror (Allende, Piedras Negras, La Laguna) y robar elecciones. Quienes pudieron alzar la voz para denunciar los abusos prefirieron callar; unos por miedo, la mayoría por conveniencia.

Coahuila, de donde surgieron movimientos por la democracia y la legalidad a principios del siglo pasado, es ahora motivo de escarnio dentro y fuera del país por permitir, de sus autoridades, las peores atrocidades. Ni la suma de los gobiernos más nefastos provocaron al estado tanto daño como los últimos dos. La cobardía e indolencia de los presidentes Fox y Calderón, quienes toleraron la corrupción en los estados, y la debilidad y complicidad de Peña Nieto, permitieron a los gobernadores actuar a su arbitrio y sin sujeción a las leyes.

El argumento ad hominem sobre la violencia en los últimos años del gobierno de Moreira I y en los primeros del de Moreira II fue «la guerra de Calderón», sin orden ni concierto, contra el crimen organizado. La realidad era distinta. El caos empezó cuando, a partir de Fox, los presidentes se desentendieron de los gobernadores. Convertidos en feudos, los estados no solo empezaron a endeudarse por encima de su capacidad financiera, y en casos como el de Coahuila sin autorización de las legislaturas locales, sino también a pactar con los carteles de la droga, a los cuales les cedieron territorio y mando.

La extradición del lagunero Juan Manuel Muñoz Luévano —supuesto enlace de Los Zetas en Europa— a Estados Unidos, donde será juzgado por lavado de dinero y organización criminal, entre otros delitos, ha causado pánico en algunos círculos de Coahuila por sus implicaciones políticas y judiciales. El caso sacudirá al estado desde sus cimientos por la relación del Mono con los poderes públicos —del pasado y del presente—, sus vínculos con empresarios mediáticos y de otros sectores e incluso con partidos. Si en realidad fue traicionado por Moreira I, las consecuencias serán mayores.

 
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