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  Edición 606
  La nueva guerra en México: huachicoleo
 
Carlos Aguilar
   
  Los últimos presidentes en México emprendieron sus propias guerras, casi en todas, obviamente perdieron, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya inició la propia, y no está mal en intentarlo, sin embargo, como sus antecesores, y en la primera impresión, el inicio comenzó como terminaron las otras, sin organización y planeación, con una débil estrategia y altamente cuestionable por la opinión pública.

El clímax de la percepción sucedió en un pequeño poblado del municipio de Hidalgo, donde es de todos sabido, murieron más de 89 personas que sin ninguna precaución y sin la intervención, por órdenes superiores, de los militares y policías, robaban el combustible de una toma clandestina en un ducto que tiene récord de al menos 10 ordeñas en los últimos tres meses.

Las interpretaciones son muy variadas y las explicaciones cuantiosas sobre el penoso acontecimiento, en el que sí bien es cierto, quienes robaban la gasolina y a la postre murieron o resultaron gravemente heridos, no se dedican al robo de combustible como negocio, pero que sí seguramente no era la primera vez que aprovechaban el combustible que se derramaba de una toma clandestina.

La posibilidad de que se registrara una explosión de esta magnitud, evidentemente es latente por la cantidad de combustible, pero quedan dudas sobre la presencia de las personas y para algunos cabe la posibilidad de un acto inducido por la delincuencia organizada que controla la ordeña y robo de combustible.

Hoy el gobierno federal enfrenta una guerra contra una industria que solo el año pasado habría obtenido ganancias por 60 mil millones de pesos (según PEMEX) y que obtienen el combustible ilegalmente a través de 47 mil tomas clandestinas, además del robo diario de 787 pipas en al menos 25 estados del país, principalmente en Tamaulipas, Puebla y Guanajuato.

Recientemente el presidente de México y funcionarios de primer nivel confirmaron legal y oficialmente a través de la Secretaría de Hacienda que se bloquearon las cuentas de al menos 27 empresas relacionadas con el robo de hidrocarburos, 13 de las cuales tienen franquicia con PEMEX y se presentaron cinco denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, donde están relacionadas 15 personas morales, que obtuvieron ganancias ilícitas de hasta seis mil millones de pesos, además de que ya se giraron 50 órdenes de aprehensión.

También el presidente López Obrador reconoció que los grupos de la delincuencia organizada operan bajo el apoyo de personal de PEMEX y que la lucha se enfoca adentro y afuera de la paraestatal para erradicar este delito.

La empresa se antoja complicada, difícil y sobre todo peligrosa si tomamos en cuenta que las primeras acciones de Estado provocaron un desabasto de gasolinas y pérdidas económicas millonarias en el sector productivo, además de la tragedia del viernes 18 de enero donde murieron al menos de 89 personas.

El nuevo gobierno ya tiene su guerra y no se puede cuestionar la buena intención y la voluntad de erradicar el problema, sin embargo es urgente y necesario corregir la estrategia y sumar todos los frentes posibles para enfrentar un monstruo que aprovecha factores como la corrupción, la falta de efectividad de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia y sobre todo el ausente nivel de cultura y educación de los ciudadanos que se convirtieron en blanco de la delincuencia organizada para aprovechar los puntos flacos y débiles del aparto de estado.

 
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