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  Edición 603
  Autonomía al cuadrado y no por partida doble
 
Juan Antonio García Villa
   
  Ante el exacerbado presidencialismo que caracterizó durante buena parte del siglo XX al sistema político mexicano, nuestra doctrina constitucional encontró una forma de contención de ese poder omnímodo en la creación de los llamados organismos constitucionales autónomos. Frente a un Ejecutivo avasallador y la crónica debilidad y sometimiento de los poderes Legislativo y Judicial, se creyó que tal era la solución.

Así, adquirieron en la Carta Magna ese rango de autonomía constitucional instituciones como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Banco de México, el IFE (hoy INE), la CNDH, el INAI, el CONEVAL, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Ifetel. Esta misma tendencia se reflejó en las entidades federativas, donde los gobernadores ejercían —y algunos aún ejercen— una satrapía igual y en algunos casos superior a la del presidente de la República, si bien ante éste se comportaban con dócil y total sumisión.

Coahuila no fue ni es la excepción. Aquí se han venido creando organismos de esa naturaleza. Tienen tal definición constitucional el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHE), la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, el Tribunal Electoral del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila y recientemente la Fiscalía General del Estado, la antigua PJGE.

Y por disposición del art. 3°, fracción VII, de la Constitución Federal, goza de ese mismo rango la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C). Y es precisamente en esta entidad académica donde —curiosa, grotescamente— encontramos una institución con autonomía al cuadrado. Vamos a llamarla así, por no encontrar otro concepto técnico-jurídico que defina mejor su naturaleza: Autonomía al cuadrado, que no es lo mismo que por partida doble, como alguien pudiera suponer.

Antes de decir cuál es, procede señalar que ninguna institución o figura, así tenga el más acabado diseño plasmado en el marco jurídico que le da vida, está exenta de ser prostituida. Como ha sucedido con la que voy a mencionar, producto de la mente perversa de quien propuso su creación.

A través de los organismos constitucionales autónomos, o simplemente autónomos, como la UA de C, se encontró la vía para evitar, como ya se dijo, el avasallamiento o la indebida injerencia del Ejecutivo, en el caso del gobernador, en ciertas áreas sensibles de la vida pública estatal. Y para garantizarles un presupuesto no susceptible de ser modificado por aquél. Bueno, pues este mismo camino se ha aprovechado ahora en Coahuila para satisfacer caprichos y proteger a favoritos aun después de dejar el cargo de gobernador.

Es el caso de la llamada «Academia Interamericana de Derechos Humanos» de la UA de C. A esta Academia el art. 40 del proyecto de presupuesto de egresos del estado para 2019 le pretende asignar una partida de 40 millones de pesos. Y curiosamente para la Comisión de los Derechos Humanos del Estado se propone una asignación de 38 millones. Es decir, menos recursos que para la dicha «Academia». Sencillamente esto, por donde se quiera ver, no es posible.

El citado numeral 40 del proyecto de presupuesto dice que de conformidad a lo dispuesto por la ley que crea esa Academia «publicada en el Periódico Oficial del Estado de Derechos Humanos (sic), es un Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UA de C, creado para asegurar el desarrollo permanente y sistemático sobre el estudio, investigación, docencia, asesoría y consultoría en materia de derechos humanos, a través de su cuerpo académico, sus órganos y sus actividades. Como organismo académico sectorizado a la UA de C, gozará de una autonomía interna de organización y gestión, será una academia propia dentro de la Universidad y podrá participar en los diferentes programas estatales y federales que correspondan». Y por todas estas «razones» se le dotará (si los coahuilenses nos dejamos) de los casi 40 millones de pesos arriba mencionados, cantidad «que formará parte del presupuesto asignado a la UA de C».

En otras palabras, como la UA de C es autónoma recibirá un presupuesto que, pase lo que pase en el curso del año, no se le podrá disminuir ni regatear. Como tampoco a la llamada «Academia Interamericana de Derechos Humanos», que a su vez es autónoma de la institución, también autónoma, que la cobija. Es decir, goza de autonomía al cuadrado.

El atento lector habrá notado que el penúltimo párrafo trae la redacción trunca, porque la cita hace mención al Periódico Oficial del Estado en que se publica la ley que creó la mencionada «Academia» pero no menciona la fecha. Así literalmente aparece en el proyecto enviado por el gobernador al Congreso.

Investigando al respecto resulta que tal publicación apareció en el Periódico Oficial de fecha 29 de agosto de 2017, apenas tres meses antes de que concluyera su periodo el anterior gobernador Rubén Moreira.

Y en efecto el art. 4 de ese ordenamiento dispone que la dicha Academia es un ente universitario que «goza de autonomía presupuestal y administrativa en los términos de esta ley». Y el art. 7 dice que «gozará de autonomía interna de organización y gestión para garantizar los fines académicos de sus actividades». En otras palabras, se le otorga una autonomía adicional a la de la UA de C para que ésta no atente en contra de una de sus partes. Autonomía al cuadrado, pues.

No cabe duda: mentes tortuosas, como la de los últimos gobernadores de Coahuila, son capaces de llegar a esos extremos de perversión. Y de estupidez.

 
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