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  Edición 603
  Corte imperial
 
Editorial
   
  La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reformada por la primera legislatura donde las bancadas del PRI y del PAN son secundarias, abrió un debate necesario en un país de privilegios y castas. Los poderes públicos se convirtieron en zonas exclusivas para el lucro, el hurto, la simulación y la impunidad. Funcionarios y autoridades de los tres órdenes de gobierno amasan fortunas obscenas, en plazos cada vez más cortos, mientras la mayoría empobrece y sufre apremios económicos.

El ingreso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es insultante, pues al salario neto de 269 mil 216 pesos mensuales se agregan prestaciones que lo elevan casi a siete millones de pesos anuales antes de impuestos, según el Presupuesto de Egresos de este año. Son los mejor pagados de la estructura federal, lo mismo que los consejeros de los organismos autónomos. Hasta principios de la década de los 80 del siglo pasado no lo eran. El presidente De la Madrid mejoró sus retribuciones. Ernesto Zedillo reformó el Poder Judicial para compactarlo y erradicar vicios e influencias políticas de su predecesor.

Sin embargo, en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, el Poder Judicial recuperó privilegios al grado de inventar gastos para ejercer los ingentes recursos aprobados por el Congreso. La Corte no está exenta de intereses partidistas. Los salarios altos tampoco garantizan imparcialidad ni inmunizan contra la corrupción. En México, el servicio público dejó de considerarse un honor y la oportunidad de servir al país para convertirse en negocio del cual dependen otros más rentables en el mercado libre de la corrupción. A una presidencia imperial, una Corte real. En el máximo tribunal de justicia las togas protegen el tráfico de influencias, avalan elecciones fraudulentas y si la consigna es otra, las anulan. Y como en el gobierno y los sindicatos, el nepotismo se practica sin rubor.

Los privilegios en el Poder Judicial indignan a la sociedad. Ese sentimiento, como otros, lo recogió el presidente López Obrador, quien, en un acto de congruencia empezó por rebajarse 40% el salario. Muchos pagarían por ocupar cargos públicos, en lugar de cobrar, por lo redituable que resultan. Sin embargo, AMLO ha acreditado ser un hombre honesto; de lo contrario no habría sobrevivido tres campañas. Repudiados en las urnas por representar la continuidad de un sistema viciado, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano siguen sin entender los nuevos tiempos.

La acción de inconstitucionalidad interpuesta por las oposiciones, para frenar la aplicación de la Ley de Remuneraciones, es oportunista y los coloca de nuevo de espaldas a la ciudadanía. En este, como en otros casos, la sociedad respalda al presidente. Ninguna ley está por encima de la Constitución, pero tampoco deben estarlo grupo o interés alguno. Es igualmente improcedente afectar derechos o aplicar retroactivamente normas, excepto si son para mejorar, jamás para afectar. El Poder Judicial protesta por la disminución de sus salarios, pero ha sido insensible al clamor nacional de justicia. La corrupción también pasa por los tribunales. La controversia debe dirimirse de acuerdo con la realidad del país. La cuarta transformación debe reformar el Poder Judicial, no para convertirlo en apéndice del presidente, sino para abolir privilegios y reforzarlo como contrapeso del poder político.

 
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