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  Edición 601
  Carta abierta al presidente electo
 
Rosa Esther Beltrán
   
  Felicitaciones a todo el equipo técnico

y editorial de Espacio 4 en este XXIII aniversario.

Viva la prensa libre.

Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, en sus visitas a Coahuila lo hemos recibido con esperanza y optimismo, una prueba irrefutable de ello fueron los más de 600 mil votos que los coahuilenses le otorgamos confiando en la Cuarta Transformación de la Patria que su gobierno promueve, porque este es el estado de la corrupción y la impunidad, el estado de los crímenes atroces en Piedras Negras, la masacre de Allende con 300 desaparecidos, las fosas clandestinas en La Laguna, las más de mil 600 desapariciones forzadas, la mega deuda que detiene y anula la obra pública estatal, por ello es la entidad en la que los ciudadanos clamamos por la justicia.

La Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila ha denunciado desde hace varios años que ha sido objeto de múltiples agravios, represión y engaños por parte del exgobernador Rubén Moreira Valdez y de su sucesor Miguel Ángel Riquelme, los que se han mostrado indiferentes, indolentes y sin sensibilidad política durante sus mandatos ante la problemática que enfrentan las instituciones de seguridad social del magisterio de la Sección 38, la UAdeC y la UAAAN.

A pesar de que la Coalición ha insistido en abrir un diálogo institucional a fin de consensuar las modificaciones a las leyes del servicio médico y de pensiones de los Trabajadores de la Educación, las que ha aprobado el Congreso Local en diciembre de 2015 y en 2017 por iniciativa del exgobernador Moreira, a espaldas de los trabajadores, son históricamente las más lesivas para los más de 50 mil derechohabientes y sus familias por lo que fueron decretadas como inconstitucionales por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y consignadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que también emitió una sentencia de inconstitucionalidad que fue medianamente atendida por el gobernador actual, Miguel Ángel Riquelme.

Desde hace varios años, el servicio médico se encuentra en desabasto de medicamentos para tratamientos continuos de enfermedades crónico-degenerativas, cáncer y otras igualmente graves. No hay especialistas suficientes y el quirófano se encuentra sin los insumos y equipos adecuados para cirugías. Esto ha llevado a fallecimientos de derechohabientes que nunca debieron ocurrir. Es inexplicable por qué se tienen adeudos millonarios a proveedores de los laboratorios farmacéuticos si los derechohabientes siguen pagando de su salario y de su pensión, cada quincena, catorcena y mensualmente.

También es inexplicable por qué si el servicio médico y la Dirección de Pensiones (Dipetre) que tenían finanzas sanas antes del 2009, hoy están en bancarrota. Los gobernadores se empeñan en mantener a los líderes de la Sección 38 en la administración de las instituciones de seguridad social del magisterio y en complicidad con ellos las han llevado a la quiebra.

La Coalición de los Trabajadores de la Educación de Coahuila convocó a la base trabajadora a realizar un plantón permanente que se mantuvo durante 70 días y que fue levantado después de que el exgobernador Rubén Moreira firmó los acuerdos en los que se comprometió a realizar:

1) Auditorías externas que aclararan la situación financiera de la Dipetre y la del Servicio Médico, rindiendo cuentas del origen y destino de los recursos aportados por los trabajadores al menos desde hace 10 años e informar sobre sus resultados para establecer responsabilidades frente al daño financiero causado a estas instituciones. Mediante la prensa local se publicó que se terminó la auditoría externa a la Dipetre por parte del Despacho Deloitte pero que su resultado es “secreto” (Vanguardia 30-10-17).

2) Igualmente, suscribió presentar al Congreso local modificaciones a las leyes de seguridad social apegadas a la Constitución y Convenios internacionales de derechos Humanos y laborales.

Y 3) Resolver el problema de desabasto de medicamentos y de atención médica que padece el magisterio de la entidad para evitar que prosiga el quebranto de la salud de numerosos derechohabientes; mas ningún compromiso fue cumplido.

El despojo y la crisis financiera de que han sido objeto la Dipetre y el Servicio Médico han colocado a los trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la UA de C, la UAAAN y de la Sección 38 en una situación de indefensión e incertidumbre. Rubén Moreira incumplió sus compromisos y sus responsabilidades como garante de la seguridad social de los trabajadores de la educación.

Ante usted, presidente electo, que en muy pocos días será ya el presidente de México, la Coalición solicita que el gobernador Miguel Ángel Riquelme se comprometa a responder cabalmente a los compromisos legales que las leyes constitucionales nacionales, así como los tratados internacionales le imponen en cuanto a la seguridad social de los trabajadores de la educación y sus derechohabientes.

La Coalición atentamente le solicita que considere una partida del presupuesto federal que coadyuve a eludir la crisis añeja que padecen los derechohabientes de la Sección 38 del SNTE. Varios representantes de la Coalición sostuvieron recientemente una entrevista con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y con la diputada Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud de la misma Cámara a fin de solicitarles su apoyo en las siguientes disposiciones: Que el presupuesto de 2019 disponga y etiquete recursos con los que se apoye el rescate de las instituciones de la seguridad social de los trabajadores de la educación de Coahuila, además, que se exhorte al Gobierno de Coahuila y a los demás sujetos obligados que adeudan y que la ley les obliga a fin de darles solvencia y certeza económica para su funcionamiento, también, que la federación atraiga el esclarecimiento del uso de esos recursos presupuestales y que se establezcan responsabilidades frente al daño financiero causado a estas instituciones y se informe con la verdad sobre la situación de la seguridad social del magisterio de Coahuila, los que han entregado sus vidas al servicio de la formación de la niñez, de jóvenes y profesionistas.

La migración forzada

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, según la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (Artículo 22, DH).

La migración irregular es ahora un hecho común y hasta urgente para millones de personas en el planeta, personas que al emigrar exponen su vida y la de sus hijos buscando cubrir sus necesidades básicas; los migrantes, “extranjeros ilegales” enfrentan una mayor exclusión, persecución y peligro, por lo que es necesario ubicar su humanidad fundamental en primer plano porque los derechos humanos trascienden la ciudadanía nacional al ser universales, indivisibles, inalienables y transportables: “Toda persona tiene derecho a ser reconocida en todo lugar como persona dotada de derechos y obligaciones y a gozar de los derechos civiles básicos” (OEA, Art.17).

El éxodo de los centroamericanos no es por el sueño americano, es porque necesitan salvar la vida ante gobiernos tiranos y dictatoriales, los que ahora están enfurecidos porque los migrantes están visibilizando la crueldad, la injusticia y la opresión a las que son sometidos por sus gobernantes, el dolor de los migrantes no surge de la nada, nace de las desapariciones, las violaciones de niñas y mujeres de todas las edades, los crímenes, las extorciones, la falta de trabajo, la tortura, los incontables despojos por parte de gobiernos coludidos con la delincuencia organizada y el gobierno norteamericano, quienes intentan incluso criminalizar la solidaridad con las personas en tránsito, de manera que su situación es tan o más terrible que la que padecen los países en guerra, ellos se han unido para huir del infierno, porque saben que tienen derecho a la vida (Bartolo Fuentes, periodista).

El gobierno mexicano de Peña Nieto instauró una estrategia hipócrita hacia las caravanas, por un lado declara: “Bienvenidos, esta es tu casa”, pero en los hechos los gasea, los coacciona, los persigue, los intimida, aunque los caravaneros reconocen la enorme solidaridad del pueblo de México, lo que está claro para los Centroamericanos es que los gobiernos no quieren cumplir con las leyes internacionales que han firmado respecto a sus derechos humanos.

Hay quienes sostienen que las de los centroamericanos son verdaderos éxodos, una diáspora en la que no habrá regreso aunque una minoría haya optado por volver a sus países. Un grupo llegará Saltillo, a la Casa del Migrante, según información proporcionada por el padre Pedro Pantoja, ahí se les dará alojo, nuestra solidaridad será fundamental, aquí los militantes de Morena están organizando centros de acopio para asegurarles una estancia digna, harán falta médicos, enfermeras, abogados, trabajadores sociales, alimentos, ropa, cobijas, zapatos y voluntarios para la organización de actividades, entre lo más elemental.

 
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