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  Edición 599
  Consignaciones y condenas incompletas…
 
Carlos Aguilar
   
  Los últimos dos casos públicos que se litigaron en Coahuila con el nuevo sistema de justicia penal y que llamaron la atención de la opinión publica por tratarse de personas al servicio de ciudadanos, dejan entre la población y sobre todo entre las víctimas una sensación de inacción y falta de efectividad en las sanciones a delitos graves como el asesinato y los abusos sexuales.

En la última colaboración de este humilde escribiente se abordó el tema de los abusos sexuales en la Iglesia Católica, situación que causa un terremoto al interior de la institución religiosa a nivel mundial y que nuestra entidad y el país no son la excepción con la exhibición de casos que involucran a los más altos niveles de clérigos.

La sentencia de 15 años de cárcel para el exsacerdote Juan Manuel Riojas también conocido como el Padre Meño, no pareció suficiente para la propia Fiscalía de Justicia de Coahuila que adelantó una apelación para aumentar la pena, sin embargo, la decisión recaerá nuevamente en el juez del caso para ratificar o modificar la sentencia final.

Recientemente, en el norte de Coahuila, fue sentenciado a ocho años de prisión Raúl Salinas Galván, señalado como uno de los participantes en el operativo para asesinar al extinto candidato a diputado federal por el PRI, Fernando Purón, quien también alcalde de Piedras Negras.

Para muchos también una sentencia muy limitada pues el buen comportamiento y los días trabajados en prisión podrían disminuir el tiempo de cárcel para el imputado.

También en Saltillo se dictó sentencia de 11 años de cárcel a un expolicía municipal de Saltillo por la muerte de un profesor de la sección 38 del SNTE, que muriera por la golpiza recibida durante su detención y cuyas pruebas incluso públicamente no se pueden sujetar a una interpretación personal pues es evidente que los servidores públicos violaron todas las garantías de una persona detenida.

Para el juez no resultó agravante que el servidor público portara un uniforme de policía, usará una patrulla de la corporación y se acompañara de dos elementos más que finalmente fueron exonerados y puestos en libertad.

La prueba final de casos públicos podría considerarse el caso de dos elementos de Fuerza Coahuila, detenidos y consignados por el homicidio de un paisano y un ciudadano norteamericano que presuntamente evadieron un filtro de seguridad carretero.

La viuda de uno de ellos solicitó a través de redes sociales apoyo para encontrar pruebas que permitan se haga justicia en el caso, expresión que ya anticipa para muchos que muy probablemente estos servidores públicos no serán castigados ejemplarmente

Más allá incluso de los tecnicismos legales y lo complejo del sistema penal mexicano, en el que el Juez justifica y sustenta sus decisiones o el Ministerio Público y/o fiscalía presentan los alegatos para la consignación o la percepción para muchos sectores de la población es que se puede abusar sexualmente y matar personas y que las penas y sanciones no generarán un castigo ejemplar para quien vulnera los derechos y la vida de ciudadanos.

Hay que reconocer que los mexicanos, en general, solo podemos cambiar y ser mejores cuando recibimos llamados de atención por conductas negativas y desafortunadamente en un entorno como el que aquí se relató, difícilmente nuestra sociedad mejorará para vivir en un ambiente de mayor seguridad.

 
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