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  Edición 599
  La represión, corrupción e impunidad
 
Rosa Esther Beltrán
   
  Conmemorar el cincuentenario de 1968, revivir esos hechos brutales de represión y muerte, no es masoquismo, tiene sentido y es porque el poder político siempre está al acecho para usar el garrote, levantar la bota para aplastar, patear y negar los derechos más elementales de los pueblos, ganados con sangre.

La del 2 de octubre fue una represión feroz, inusitada, cobarde que cortó de tajo con la vida de no se sabe cuántos estudiantes mexicanos, se estima que fueron 300, pero la cifra real se desconoce, no obstante, hay testimonios de las familias que perdieron a sus hijos de que aquello fue una carnicería con la consigna de no dejar huella de la matanza, los cuerpos desaparecieron, se presume que fueron quemados, fue un crimen de Estado.

El 12 de octubre, 10 días después de la feroz matanza se inauguraron en la CDMX los Juegos Olímpicos del 68, como si nada hubiera pasado. El presidente Días Ordaz, en su Quinto Informe, entre aturdidores aplausos ante el Congreso de la Unión de pie, asumió su plena responsabilidad de la masacre y 10 años después, casi se proclamaba héroe declarando que había salvado a México, de ese tamaño era su ofuscación y su extravío, pero para mayor ofensa, los funcionarios públicos del PRI siguen usando el nombre de ese verdugo en las calles de nuestras ciudades.

La indignación por el 2 de octubre del 68 no muere, la semilla libertaria que sembraron los jóvenes de entonces germinó con una democratización que cristaliza y se abre paso a pesar de una clase política que en su lucha denodada por mantener la cultura del privilegio nos ataca con violencia decidida y audaz, sin embargo, la conciencia crítica crece y con la lucha ciudadana se ha logrado la autonomía de las instituciones del Estado federal; la alternancia política, las Comisiones de los Derechos Humanos, aunque las de algunas entidades sean poco menos que nada, el Instituto Nacional de Transparencia, el Instituto Nacional Electoral, con su veleidosa imparcialidad, aunque en la elección de julio tuvo que reconocer el triunfo irrefutable de AMLO, también la visibilización de los pueblos originarios y la defensa de las libertades ciudadanas son algunos logros que se van fortaleciendo en el país.

Con la participación ciudadana se busca honrar a todos aquellos que contribuyeron, algunos dando su vida, al avance y defensa de la autonomía universitaria en la UNAM, porque en gran parte de las universidades públicas ésta sólo es un emblema.

La memoria sigue viva, aunque muchos la ignoren y otros hagan todo lo que esté a su alcance porque se desconozca y se minimicen esos hechos ominosos. Unos años después de la masacre, Octavio Paz dijo: “no es casual que los jóvenes hayan caído en la Plaza de Tlatelolco porque ahí estuvo el templo Azteca Teocali, en el que se hacían sacrificios humanos” (Clío).

En Coahuila, la Coalición de Trabajadores de la Educación sigue la lucha contra su verdugo, el Moreira III, que recurrió en forma autoritaria y prepotente al uso de la fuerza para desactivar al movimiento magisterial que enarbola una causa justa, basada en principios constitucionales por su seguridad social; la represión no paró en el desalojo del Congreso, noticia que por cierto se exhibió en todo el país como un hecho abominable, además, mediante la Fiscalía General de Coahuila se imputó a los líderes magisteriales, los delitos de motín y sedición por intimidar de manera tumultuaria a una autoridad, lo cual suena más que a burla, ¿los docentes intimidan a la autoridad? Desde cuándo, si tienen 10 años luchando pacíficamente por las mismas causas, con formas legales, sin ser escuchados. Finalmente no hubo imputaciones contra ellos, pero quedó claro que el propósito es amedrentarlos y ponerles un hasta aquí. Alto a los 14 años de gorilatos.

Focos rojos en universidades

Las universidades públicas del país están en una condición de severa crisis, 10 se encuentran en una situación verdaderamente crítica, por un conjunto de problemas estructurales que en síntesis se reducen a cuestiones financieras que las han arrastrado hacia obstáculos orgánicos como son el impedimento para sostener la ampliación de la matrícula, de las plantas magisteriales, el incremento de los costos de pensiones y un amplio conjunto de gastos que son un reflejo de casi 30 años de abandono de la educación superior pública en México, un abandono que se evidenció en la caída de los presupuestos por estudiante.

Los gobiernos son muy inteligentes para encubrir sus huellas, y para mostrar crecimientos irreales en los presupuestos destinados a la educación superior, más si comparamos el presupuesto por estudiante de 2009 a 2017 vemos que ha caído casi 20% en términos reales en estos años, caída brutal que pone a las universidades en condiciones precarias.

El abandono es que con la excepción de la UNAM, desde que se creó la Universidad Autónoma Metropolitana en la CDMX no se había vuelto a hacer una sola universidad pública en el país, de manera que toda la apuesta se orientó a la creación de Institutos Tecnológicos y Universidades Politécnicas, lo que dio lugar a la ampliación sin precedentes de la educación superior privada, muchas de ellas insuficientemente reguladas, universidades patito que deberían estar prohibidas como en otros países, lo cual correspondería al Poder Legislativo, el gobierno electo no está en contra de ellas, pero sí de los abusos que ahí se cometen y afectan mayormente a los jóvenes.

El equipo del gobierno electo propone que la cobertura de educación superior tiene que sostenerse fundamentalmente a partir de la oferta pública de carácter universitario y de buena calidad, es inaceptable que anualmente se rechacen a miles de jóvenes, más de 300 mil, el poder ejecutivo y el Legislativo están diseñando una serie de metas, como es alcanzar una cobertura del 50% para el final del sexenio, lo que significa pasar de 4.2 a 5.2 millones de estudiantes en seis años.

Incorporar a poco más de un millón de jóvenes a la educación universitaria parece poco pero según los especialistas es necesario crear nuevas universidades para asegurar la formación de nuevos profesionistas para el mercado laboral.

No obstante, hay que tomar en cuenta que las 191 universidades (ANUIES) con las que cuenta el país, en su mayoría mantienen una estructura académica con una masa crítica de calidad (a pesar de los bajos salarios) y lo deseable sería que los jóvenes ingresantes se incorporen a tareas de investigación lo cual implica que las universidades autónomas cuenten con un apoyo presupuestal sostenido por parte de la federación, tarea que está a cargo del Poder Legislativo y que para la Cuarta Transformación es prioridad.

A los políticos se les llena la boca con el término educación, pero, prioridad que no se inscriba en el presupuesto es demagogia pura, si no se ve que las decisiones para que crezca la educación superior van más allá de las declaraciones de los responsables de ella y se inscriben en un programa de expansión de la matrícula, estamos ante el rollo sin meollo.

Llegar a la meta de expansión para 5.2 millones de estudiantes se requerirían, sólo para infraestructura y ampliación, dos mil 400 millones de pesos adicionales cada año.

Por desgracia en las dos universidades públicas de Coahuila, ha imperado la rapiña a través de empresas fantasma mediante las cuales se han saqueado cientos de millones de pesos, mientras los sueldos del personal, no de los de arriba, son de miseria, pero nadie sabe nada, no hay auditorías ni transparencia, como no supieron de lo que se llevó impunemente el Negro Ochoa, mientras domine el moreirato en Coahuila seguirá el saqueo, la impunidad y lo peor, la resignación ciudadana. En la UAAAN, con la elección de nuevo rector comienza a brotar el lodo de esta administración y la que le precedió.

 
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