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  Edición 599
  Los gastos de la legislatura de Coahuila
 
Juan Antonio García Villa
   
  ¿Cuánto le han significado al erario, en los años recientes, los 25 diputados locales que integran la Legislatura de Coahuila? ¿Qué tanto le costará al contribuyente del estado en el año que está por terminar? ¿Qué monto se prevé eroguen en 2019? ¿Cómo se compara este rubro con el de los congresos de las otras entidades? Interesantes preguntas que pocos se hacen y para las cuales tampoco hay respuestas a la mano.

El pasado mes de agosto el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó su Informe Legislativo 2018. Es el tercero que edita y está referido totalmente al “monitoreo de la estructura y funcionamiento de los (cuerpos) legislativos estatales, instituciones que pasan desapercibidas de la agenda pública y que no rinden cuentas, de que el cumplimiento de sus facultades —dice el IMCO— resulta necesario para evitar gobernadores todopoderosos”.

Para enfatizar la importancia de las legislaturas estatales, el informe apunta que “a partir de la primera alternancia en el ámbito federal, los gobiernos estatales se empoderaron de tal manera que la vigilancia y control por parte de los congresos locales fue inexistente”. En otras palabras, de haber contado las entidades federativas con órganos legislativos responsables y cumplidos, no se habría llegado a los excesos de abuso y corrupción a que se llegó en buen número de gobiernos estatales. Y el caso de Coahuila es, sin duda, el mejor ejemplo.

Uno de los aspectos que aborda el Informe Legislativo 2018 es el relativo a los presupuestos de egresos de los congresos locales correspondientes al año en curso. Además de la importancia en sí del tema, su oportunidad es evidente en razón de que por estos días se lleva a cabo el proceso de elaboración, discusión y aprobación de los presupuestos de las legislaturas para el año 2019. El IMCO reporta al efecto información muy interesante. Veamos:

Los presupuestos más elevados aprobados para 2018 corresponden a los órganos legislativos de la Ciudad de México y del Estado de México, que ascienden a dos mil 366 millones de pesos y mil 582 millones, respectivamente. Y los más bajos a los de Colima con 95 millones de pesos, Hidalgo con 132 millones y, sorprendentemente, al de Puebla con 145 millones de pesos. El de Coahuila, también para este 2018, asciende a 199.8 millones de pesos.

Ahora bien, como los congresos estatales difieren en cuanto al número de diputados con que cuentan, otra forma de medir los presupuestos que ejercen consiste en dividir su monto total entre el número de legisladores. Se obtiene así el “presupuesto por diputado”. Es decir, lo que en promedio cuesta al contribuyente cada uno de sus legisladores locales. No significa desde luego que eso sea lo que se le paga o retribuye en el año a cada legislador sino el total de erogaciones de todo tipo por cada diputado local. Total, éste que en el caso de Coahuila, vale decirlo, es cuatro veces superior a lo que suman las dietas (salario) y demás apoyos directos que reciben los diputados para el desarrollo de su función legislativa.

Así, el presupuesto por diputado más alto es el de la Ciudad de México, de casi 36 millones de pesos por cada uno de sus 66 legisladores. Le sigue el del estado de México con poco más de 21 millones por cada uno de sus 75 diputados. Y luego Sonora con 20.9 millones por cada uno de sus 33 representantes populares. En Coahuila este promedio es de ocho millones de pesos por legislador.

En notorio contraste con las cifras anteriores, están los “presupuestos por diputado” más bajos que son como sigue: Puebla 3.5 millones de pesos, Colima 3.8 e Hidalgo 4.6 millones. El promedio por estado anda en 11.7 millones de pesos por legislador. Once estados superan esta cantidad.

Sobre este punto el IMCO señala en su estudio lo siguiente: “Si los congresos locales tuvieran un presupuesto de 3.5 millones de pesos —por diputado, como en el caso de Puebla— los estados dejarían de destinar más de 10 mil millones de pesos a sus órganos legislativos”.

En otro pasaje de su Informe, el IMNCO señala que entre los años 2015 y 2018. “Los presupuestos de los congresos de Coahuila, Ciudad de México y Quintana Roo son los que en términos reales —más bien nominales— han crecido más (37%, 32% y 22% cada uno). Por otro lado, el Congreso de Oaxaca con una variación negativa del 42% es el que refleja una mayor disminución. Estos congresos denotan, en el menor de los casos, serias deficiencias de la administración de recursos, pues en el primer caso —Coahuila, Ciudad de México y Quintana Roo— no hay evidencia que justifique tales incrementos, y en el segundo expone a una legislatura que requería casi 50% más recursos que la actual para cumplir sus mismas funciones”.

Notará el lector que al IMCO le llama la atención que de 2015 a 2018 el presupuesto del Congreso de Coahuila, sin explicación alguna, incrementó su presupuesto nada menos que en 37%. Porcentaje de aumento nada moderado y que se registró así nada más. Sin justificación ni razón.

Otro dato significativo que en modo alguno debe soslayarse es el siguiente: La anterior LX (60) Legislatura local inició en 2015 su periodo constitucional con un presupuesto aprobado por 145.8 millones de pesos y lo concluyó en 2017 con un total ejercido de 203.9 millones. Cuarenta por ciento de aumento en tres años. ¿Cómo y por qué fue así? Nadie se molestó en explicarlo.

 
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