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  Edición 596
  Justicia: negocio político
 
Carlos Aguilar
   
  Explicaciones y justificaciones no bastan para que muchos en este país mantengan la percepción de que la justicia en México se puede negociar a través de la política y exhibe ineficacia, corrupción e impunidad para castigar a quienes cometen delitos y a quienes acusan y no logran sentencias condenatorias.

La reciente liberación de la líder moral del sindicalismo magisterial es el más claro ejemplo de la falta de efectividad de la agonizante Procuraduría General de la República, pues en poco más de cinco años fue incapaz de lograr sentencia por los delitos que acusaba.

Resulta muy sospechoso, además que, con la inminente llegada del nuevo gobierno, un juez absolviera de todo delito grave y simple a quien se le acusó de enriquecimiento ilícito e incluso de delincuencia organizada. Es decir, que un proceso penal largo concluye con una exoneración coincidente con la llegada de un nuevo grupo político al poder.

El tema es delicado pues una figura pública de la política mexicana fue mantenida en presidio sin que se comprobara su culpabilidad y aun con su poder económico y político fue incapaz de enfrentar un proceso penal en libertad. Que pasará con aquellos ciudadanos que no tienen ni el dinero ni las influencias de este tipo de personajes y que son inocentes pero se encuentran detenidos esperando una sentencia.

La percepción con actos como el que se menciona permea los dos niveles de impartición de justicia, tanto el federal como el estatal, pues hay casos en estados del país, donde la situación es similar y pareciera que la aplicación de la justicia está ligada desde la consignación, hasta las sentencias, a conspiraciones políticas y de presión social.

El sentimiento ciudadano sobre la negociación de la justicia tendrá una afectación histórica para quienes encabezaron la PGR y la administración federal saliente, pero también a quienes llegan y en apariencia mantienen lazos, si no de amistad, si de conveniencia política para mantener el poder político y económico.

La impartición de justicia en México no va a mejorar de la noche a la mañana, ni con el cambio de nombre ni con un nuevo sistema oral que también demuestra deficiencias que en muchas ocasiones benefician mas a los victimarios que a las propias víctimas.

Si el próximo Fiscal General se relaciona con la figura presidencial, la posibilidad de que las cosas cambien en el tema se limitan radicalmente, hecho que confirmaría una vez más que la justicia en México está politizada y puede negociarse con argucias y omisiones que la propia ley ofrece.

Seguramente, en el futuro se observarán nuevos petardos de detenciones entre políticos y gobernantes que pasarán un tiempo en la cárcel, pero que no serán sentenciados y quedarán exonerados, incluso más allá de su inocencia o su culpabilidad y la situación será delicada pues no será la mejor forma de combatir la corrupción y la impunidad.

 
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