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  Edición 594
  Nada que festejar
 
J. Jesús Santos González
   
  En un entorno donde los escándalos de la Casa Blanca y el caso Odebrecht marcaban ya el signo distintivo de la administración del presidente Peña Nieto, la reforma constitucional que entró en vigor el 27 de mayo de 2015, donde se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, generó entre la ciudadanía la expectativa de contar, por fin, con un ordenamiento legal eficaz para combatir la corrupción en la administración pública, considerada un cáncer en nuestra vida social.

Dicho optimismo se acrecentó con la expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del 2016, donde, además de sentarse las bases de su funcionamiento y determinar las autoridades encargadas de su implementación, estableció en su artículo 36 la facultad en las leyes locales para crear los sistemas estatales, y confirió en su artículo transitorio Segundo, la obligación de los Congresos estatales —en este caso, el de Coahuila—, de expedir dentro del plazo de un año a vencer el 18 de julio del 2017, “las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente decreto”.

Hasta ahí todo marchaba bien, como miel sobre hojuelas. Pero transcurrió el año 2016 y la mitad de 2017, y pese a la complejidad que representaba implementar en nuestro orden jurídico el Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso del Estado no daba señal alguna de ponerse a trabajar a fin de dar cumplimiento en tiempo a lo ordenado en la ley nacional.

Fue hasta el 11 de julio del 2017 —es decir, una semana antes del vencimiento del término del año fijado en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para que Coahuila adecuara sus leyes—, cuando por fin, como primer paso, el Congreso del Estado mediante decreto No. 903 aprobó la reforma a la Constitución local, la que en su artículo 67, fracción XLV, lo autorizó a expedir la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, y en esa misma fecha, y con el tiempo ya encima, mediante decreto No. 904 promulgado en el Periódico Oficial del 14 de julio del año pasado, —legislando, como coloquialmente se dice, al vapor—, aprobó la mencionada ley, con el negrito en el arroz de no haber escuchado las voces de los integrantes de la alianza anticorrupción de las diferentes regiones del estado, ni las de las redes de los movimientos sociales, que clamaron sin éxito ser atendidas en el proceso legislativo que culminó con la implementación de dicho sistema.

En tales condiciones, no es de extrañar entonces que en víspera del primer aniversario de la entrada en vigor de dicho sistema, celebrado el 14 de julio, según nota del periódico Vanguardia, del 9 de julio bajo el título “Tras aprobarse con prisas, hallan omisiones a Sistema Estatal Anticorrupción”, la Secretaría Ejecutiva de dicho sistema a nivel nacional, como responsable de dar seguimiento a la implementación de las políticas establecidas por el Comité Coordinador a nivel nacional, diagnosticó que el Sistema Anticorrupción del Estado presenta varias omisiones, sobre todo en aspectos de fiscalización respecto de la ley federal, como también diferencias en los objetivos, conformación, facultades y obligaciones del Sistema Local de Fiscalización, que ponen en predicamento su funcionalidad.

Es una lástima, pues, que una ley tan importante en el marco jurídico estatal, por haber sido discutida y aprobada sin el tiempo suficiente que exigía su análisis cuidadoso, sea objeto de tales señalamientos por un órgano rector de dicho sistema a nivel nacional, todo por la falta de planeación del Congreso del Estado, para cumplir con la debida anticipación su función legislativa.

 
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