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  Edición 594
  La gestión de los regidores
 
Rosa Esther Beltrán
   
  Los 20 regidores que conforman el cabildo del Ayuntamiento de Saltillo, presididos por el alcalde —y los de todos los municipios— tienen obligaciones que la ley les impone ya que ese es el órgano máximo de autoridad y al que le corresponde la definición de las políticas de la administración pública referentes a leyes y reglamentos aplicables al municipio; el alcalde representa al ayuntamiento en la celebración de actos y contratos aprobados por el Cabildo y resuelve los asuntos que sean urgentes comunicándolos a los ediles en las sesiones.

Hasta ahora la libertad que la ley concede a los municipios (Art. 115 Constitucional) ha sido más una aspiración que una realidad ya que los gobernadores meten mano en los recursos que son asignados por la federación a los municipios (Vanguardia, 19-12-2017); como los del Ramo 23 para las Zonas Metropolitanas y los de Infraestructura y el Fortalecimiento Municipal, pero además, el partido dominante —el PRI— obstaculiza la participación de los ediles de oposición.

Los regidores están comenzando a movilizarse de manera independiente para presentar en las comisiones del Cabildo propuestas en beneficio de la población, es el caso del regidor por el partido Morena, Rodolfo Garza, quien el mes pasado logró que, con base en el artículo 75 de la Ley de Aguas para los Municipios de Coahuila, el ayuntamiento instruya a la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo para que los saltillenses que tienen un negocio de autoempleo en su vivienda, los conocidos como “tienditas” de barrio, no paguen tarifa comercial por la prestación del servicio del agua, sino la tarifa de casa-habitación, con excepción de aquellos negocios en los que el insumo principal sea el agua potable.

Serán miles de familias que tienen un estanquillo —los cuales son muy útiles a los vecinos de los barrios— las que se verán beneficiadas, ya que la tarifa comercial es bastante más elevada que la de casa-habitación y ésta es poco menos del doble que la comercial, aunque cumplir con la ley significará bastante trabajo para Agsal y muy probablemente una pérdida importante en sus ingresos por lo que es de esperarse que se defenderá o, como hasta ahora, echará mano de la sordera y si no hay quien vigile y exija que el acuerdo del Cabildo se cumpla, el artículo 75 seguiría siendo letra muerta.

No obstante, es una batalla ganada contra la multitud de omisiones que se le permiten a Agsal a la que muchos funcionarios públicos defienden como si de ello obtuvieran una recompensa económica exorbitante, pero es la “línea”, por eso Rodolfo Garza ha aclarado que su función en el Cabildo es fiscalizar al alcalde y promover el desarrollo de Saltillo (29-02-2018).

No deja de llamar la atención que el regidor Garza Gutiérrez mantenga un activismo tan destacado en el Cabildo ya que a dos meses de haber accedido a ese puesto presentó 65 iniciativas, algunas de las cuales fueron incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal y otras tienen que ver con incumplimientos a la ley como es el caso que se comenta.

Otras propuestas que considero fundamentales entre las presentadas por Rodolfo Garza, presidente de la Comisión del Agua del Cabildo, son las de que el alcalde asuma el puesto de presidente del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo y que se cambie a los consejeros actuales los cuales tienen entre 11 y 16 años de serlo y no muestran interés por los problemas de los usuarios del servicio del agua; esta moción está detenida; también propuso que se realice una auditoría técnica y administrativa a Agsal; que se aplique el mínimo vital gratuito a los usuarios de interés social y popular; que se prohíba el corte del servicio a quienes no paguen el agua porque el corte viola el artículo 4° de la Constitución.

El regidor de Morena mantiene una defensa incólume de los que permanecen en la indefensión social en Saltillo y sus objetivos son trabajar por el verdadero desarrollo social de la ciudad.

Los muros

El miedo, las recomendaciones de precaución y cierto terror de algunos por la pérdida de los privilegios asoman continuamente; en efecto, los intereses creados que se ponen en juego con las propuestas de la Cuarta República registran intensas e inmensas reacciones, encarnan el temor, la resistencia al cambio y esto a pesar de que aún no se vislumbran con claridad.

Vicente Fox reclama su pensión, aunque antes del 1 de julio había afirmado que por AMLO votaría la “perrada”, es la opinión de un esquizofrénico, uno de los que se ha enriquecido con la Reforma Energética de Peña Nieto porque ahora está entre los jeques como propietario de cuatro plataformas petroleras marinas y otras empresas del ramo (Alfredo Jalife-Rahme).

Treinta millones de ciudadanos optamos por la esperanza, vencimos a la mafia en el poder, reconociendo que hasta ahora la democracia ha sido una simulación, un estado en manos de proto delincuentes voraces, el salinato y sus continuadores sólo preocupados por su enriquecimiento personal y familiar, ellos lucharán por mantener sus privilegios, ¿alguien lo duda? Yo no, su lucha será implacable, ese es ya un potente muro a derrumbar.

El virtual presidente electo ha propuesto una trasformación profunda en lo político, lo económico y lo social, atendiendo preferentemente a los más pobres y marginados de la vida nacional.

En los ejes de su política de transformación es absolutamente prioritario acabar con la corrupción, con la impunidad, que haya empleo, crecimiento económico y bienestar, afirmó AMLO que habrá una estrecha colaboración con los gobernadores en el plan de austeridad republicana para abrir una nueva etapa para nuestro país.

Se percibe que la austeridad republicana que comprende la disminución de los sueldos de los servidores públicos topará con enormes presiones por parte de los que perciben salarios más altos del que recibirá el virtual presidente electo, que será de 108 mil pesos, contra los casi 270 mil mensuales que percibe un ministro de la SCJN, sin tomar en cuenta el aguinaldo, la prima vacacional y el pago por riesgo (El Economista), AMLO será uno de los presidentes más austeros del mundo, competirá con el ex presidente de Uruguay José Múgica, que donaba el 90% de su salario a las organizaciones civiles, se trasladaba en un antiguo Volkswagen y se mantuvo durante su mandato en su modesta vivienda de siempre.

Los consejeros generales del INE informaron que perciben 174 mil pesos netos, sin bonos ni comisiones, habría que revisar las nóminas, porque el de ellos ha estado entre los sueldos más altos de los funcionarios públicos.

La política de austeridad ha provocado una intensa polémica porque renunciar dócilmente a los altos sueldos de muchos de los funcionarios públicos no será fácil, cuando acceder a los puestos públicos se volvió la forma más segura de rápido enriquecimiento, cuartear ese muro llevará tiempo.

Otra de las medidas de austeridad propuestas por AMLO es la disminución del 50% a la publicidad oficial, la que probablemente quedaría en dos mil millones de pesos, cuando Peña Nieto erogó más 10 mil millones tan sólo entre 2013 y 2014 (Animal Político) y es que había que publicitar el Pacto por México que finalmente quedó pulverizado y Mover a México fue su divisa y lo movió, pero en su contra.

La austeridad en la publicidad oficial ha levantado ámpula ya que el colectivo #MediosLibres reclama la abrogación de la Ley General de Comunicación, conocida como Ley Chayote, y sugieren que no basta con disminuir el gasto en este rubro porque se necesitan reglas precisas y transparentes en su asignación, pero además explicar que se hará con el resto de los recursos que antes se utilizaban en este sector.

Resulta muy saludable que las medidas propuestas por AMLO tengan una recepción crítica y se sumen y analicen los ángulos implicados en ellas. La esperanza debe realimentarse día a día, los ciudadanos no podemos bajar la guardia, alentar e impulsar el cambio es un asunto de la sociedad civil organizada.

 
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