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  Edición 593
  El impuesto sobre nóminas y la iniciativa privada
 
Francisco Aguirre Perales
Twitter: @aguirreperalesf
   
  Durante el gobierno de Eliseo Mendoza Berrueto (1987-1993) se creó el Impuesto Sobre Nóminas (1991), cuyo objeto es gravar los ingresos por concepto de salarios pagados a los empleados por parte de los sujetos pasivos, ya sean personas físicas o morales, y cuyo espíritu del gravamen es utilizar su recaudación en obras de infraestructura, de acuerdo a la decisión de comités de cada ciudad que representen a los organismos privados, junto con el sector gubernamental.

El citado impuesto se propuso, el Congreso lo autorizó y el Ejecutivo lo promulgó. Se formalizaron los comités en las ciudades y la contribución se empezó a enterar por parte de los patrones de acuerdo a la nómina de empleados de sus empresas, y a aplicarse en las obras que sus respectivas representaciones habían definido. Esa decisión del gobernador Mendoza Berrueto de caminar de la mano con los señores del dinero, fue la demostración de un gobierno transparente que benefició a los municipios y, por ende, a los ciudadanos.

Todos sabemos que Coahuila está pasando por una situación demasiado crítica, económicamente hablando, debido a la carga de una deuda pública que se va saldando con mucho esfuerzo, deuda que ni siquiera sabemos en qué se aplicó su monto, ya que las declaraciones oficiales fueron demasiado difuminadas y se perdieron en forma etérea.

A nuestros prestamistas lo que les importa —con toda razón— es su dinero. Y pidieron que los montos adeudados fueran garantizados, lo cual es justo. ¿Y qué hizo el gobierno?, claro, concibió una solución fácil, pues en el año 2011 el gobernador en turno, Jorge Torres, solicitó al Congreso su autorización para que la recaudación del impuesto sobre nóminas fuera la garantía que pedían los bancos, y con esa maniobra dejaron a los comités de las ciudades del estado sin ese recurso que las afectó enormemente al no poderlo emplear en obras. Después, para rematar, durante el gobierno anterior al actual, se declaró que ese gravamen sería de libre disposición. Eso es el rostro de la desvergüenza.

¿Cuál es la razón por la que no se opuso la iniciativa privada? Hasta ahora según las palabras duras del presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Ricardo Sandoval Garza, su organismo se separó en 2016 del consejo del ISN, durante el sexenio estatal anterior, porque, dijo, no había independencia ni se rendían cuentas. Absolutismo puro.

Ahora quieren regresar a su seno nuevamente, pues ven en el Ejecutivo Estatal actual, seguridad y respeto a las decisiones que se tomen dentro de los comités del Impuesto Sobre Nóminas.

Ya se comprobó que los regímenes autárquicos hacen daño. Mucho daño.

Se lo digo en serio.

 
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