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  Edición 589
  Pasta de Conchos, los mineros no claudican
 
Rosa Esther Beltrán
   
  Doce años después de ocurrida la explosión de la mina de Pasta de Conchos en la que quedaron atrapados los cuerpos de 65 mineros, la organización civil, Familia Pasta de Conchos (FPC) continúa con la exigencia a la empresa Grupo México de que los cuerpos sean rescatados, ya que el siniestro no fue fortuito sino atribuible a las precarias condiciones de seguridad en la mina.

Desde el informe elaborado por el equipo de Pastoral Laboral (febrero-2008), después de una minuciosa investigación, los abogados del trabajo informaron que: “a partir del año 2000 hasta la fecha de la explosión se evidenció y concluyó un largo historial de negligencia interesada de Industrial Minera México, S.A. de C. V. (IMMSA), ya que las condiciones de la seguridad y la higiene en la mina 8 ponían en grave riesgo la salud y la vida de los trabajadores” (Por una Cuerda de Vida...).

Según el informe, los inspectores de la STPS y la delegación estatal incurrieron también en graves omisiones, ya que los Emplazamientos de Medidas de Seguridad tardaban hasta un año en entregarse a la empresa y en ellos no le exigían la documentación que no presentaba cuando se realizaba la inspección, la entregaban con mucho retraso o no lo hacían.

Conviene recordar que un año después de la explosión se instaló una “mesa permanente”, presidida por el hoy candidato a senador del PRI, entonces diputado y presidente de la comisión especial para conocer responsabilidades y origen de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, Jericó Abramo Masso. El propósito era que se les reconocieran y cumplieran sus derechos a los deudos, las indemnizaciones correspondientes y las promesas gubernamentales, pero sobre todo que se diera seguimiento al rescate de los cuerpos, resultó, como es costumbre en este país, que esa fue una “mesa de demagogia”.

Por ello, ante la ineficacia institucional de la justicia mexicana, la FPC sigue en la lucha y recientemente dio un paso más y llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se abrió el caso 13 mil 552 y los quejosos fueron notificados de su admisión. Presuntamente, este es el primer caso minero admitido por la CIDH (Proceso, 2165).

La admisión del caso ante la CIDH pone en evidencia a la clase política mexicana de entonces que es la misma de hoy, Javier Lozano Alarcón, en ese tiempo, secretario del Trabajo del gobierno de Vicente Fox, que se pasó al PRI y ahora es vocero del candidato del PRI a la presidencia del país, José Antonio Meade y Jericó Abramo Masso; también estuvieron en la mesa citada, Jesús Torres Charles y Homero Ramos Gloria, estimada lectora, lector, por sus acciones y omisiones usted juzgue el grado de credibilidad de estos políticos, los hechos hablan y no están todos los que son.

La CIDH reconoció el interés jurídico de las víctimas de Pasta de Conchos, basada en la normatividad del Sistema Interamericano que es el que determina la calidad de víctima, la que fue negada por las autoridades mexicanas.

La CIDH da la razón a los deudos de la FPC e invalida los argumentos del gobierno mexicano y lo más importante, se reconoce que la afectación es para todas las familias de la región, donde según el informe de la propia organización, desde 1900 han perdido la vida tres mil 103 mineros en explosiones y otros siniestros que fueron responsabilidad de las empresas por omisiones y negligencias, quizá con la sentencia de la CIDH disminuya la impunidad de las mineras instaladas en este país.

Los peticionarios que firmaron la solicitud ante la CIDH fueron 582, apoyados por diversas organizaciones de derechos humanos. La protección del Estado mexicano al Grupo México y a las empresas mineras en general representa un gran problema en numerosas comunidades del país, las que están en la indefensión ante las pérdidas de sus recursos naturales agroforestales, aguas, tierras, y demás.

El debate y las polémicas

Debate, debate, debate, las páginas de los diarios de este país y las de algunas naciones que nos tienen en cuenta, estaban llenas de opiniones sobre el segundo debate: que si sirvió de poco, que los candidatos se salieron por la tangente y se centraron en los ataques y las frivolidades, que no le entraron con argumentaciones consistentes a los temas de comercio exterior, la seguridad fronteriza, el combate al crimen transnacional y los derechos de los migrantes.

Algo hay de cierto en ello, aunque considero que fue importante que se destacó el papel servil que ha jugado el gobierno mexicano hacia el norteamericano que preside Donald Trump y la humillación que Enrique Peña Nieto infligió a los mexicanos al invitar a México, en 2016, al entonces candidato, ya que la gente se sintió humillada y ofendida. La pregunta a José Antonio Meade era, ¿por qué darle la mano a ese candidato al que se le debió dar la espalda? y los insultos de Trump no se han detenido —recientemente, calificó a los migrantes de “animales”—: así que gane quien gane el 1 de julio, habrá de adoptar una política pública defensiva de los derechos de los mexicanos ante el gobierno de los EU.

No obstante, el segundo debate presentó novedades, fue mucho más dinámico y flexible que el primero, menos acartonado y rígido; los cuatro candidatos contaron con más tiempo para explayarse en sus respuestas, aunque en algunos casos éstas fueran inocuas. Los moderadores hicieron un buen papel y cabe anotar que León Krauze es un periodista conocedor de los temas ya que vive en Estados Unidos y Yuriria Sierra ejerció un arbitraje firme, aunque también se excedió en sus intervenciones y, a veces, a ambos se les pasó la mano en cuanto a su protagonismo.

Un elemento novedoso fue la participación de 42 ciudadanos en el debate, de ellos, seis presentaron a viva voz las preguntas dirigidas a los candidatos que se veían más relajados que en el primer debate.

Un tema que saltó a la palestra fue el de la política del estado mexicano hacia la migración, cómo el gobierno de Peña Nieto se ha prestado para hacer el trabajo sucio a los gobiernos de los Estados Unidos, tanto al de Obama como al de Trump, sembrando terror y consintiendo a la delincuencia organizada para que actúe contra los migrantes en la frontera sur; también debatieron los candidatos contra la deportación de familias de migrantes que por décadas han vivido en EE.UU., separando a padres e hijos, políticas desalmadas, sanguinarias e inhumanas que nadie detiene.

En su plataforma electoral, AMLO ofrece dar cobertura suficiente a los trabajadores migrantes repatriados (migración de retorno). Este proyecto se realizaría a partir de acuerdos de colaboración con instituciones educativas y el sector productivo; también propone implementar una estrategia integral de reintegración social y laboral que permita detectar las habilidades e intereses de los repatriados.

Todo parece indicar que en el postdebate todo sigue igual, después de lo acontecido en Tijuana, la ciudad en donde empieza la patria, aunque Meade o Anaya se proclaman ganadores, los ganchos al hígado o a la quijada no fueron letales como para arrojar a la lona al puntero y noquearlo, lo interesante sería saber cuántos mexicanos vieron el debate que fue muy tarde, después del muy esperado partido final de futbol.

Lo cierto es que la urgencia hoy es la de un líder que resuelva los problemas del país, que ponga la paz y la reducción de la pobreza por delante, que tenga credibilidad para combatir la corrupción, que no haya dudas en torno a su patrimonio y ni Anaya o Meade tienen tal perfil.

 
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