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  Edición 586
  Cambio de administración… experiencia fatal
 
Edgar London
Sitio Web: www.edgarlondon.com
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  No importa a qué nivel suceda. Ya sea en la presidencia de la república o en la más discreta dependencia gubernamental. Tampoco aporta mucho si la sucesión de poderes queda establecida a los seis años, a los cuatro o en apenas uno —como ocurrirá en muchos ayuntamientos este mismo año, aquellos que no puedan gozar de una reelección—. La realidad es una. Con cada cambio de administración llega el temor, de mano con la zozobra, por saber si el personal de la dependencia afectada mantendrá o no su puesto laboral.

Se trata de una experiencia bien enraizada en México y que, a pesar de su impacto negativo, a fuerza de atestiguarla o vivirla, año tras año, todos asumen como normal. Sin embargo, no puede considerarse normal en absoluto que una persona pierda su trabajo sólo porque cambian a su jefe. Tampoco, que ser acreedor de un cargo determinado —sobre todo, los de orden directivo— se justifique como pago por un compromiso que se asumió durante la etapa preelectoral. Mucho menos que la permanencia de un profesionista en el rol para el cual fue contratado no se ampare por su buen desempeño. En pocas palabras, en México se considera “reglamentario” que cualquier puesto dentro de una organización gubernamental sea determinado por deudas personales y no por aptitud profesional.

Este establishment ya resulta, por sí mismo, bastante contraproducente —sin contar lo injusto— pues no resulta para nado extraño que el nuevo personal desconozca el modus operandi de su recién adquirido puesto con la consiguiente caída en términos de eficiencia y productividad. Pero no sólo eso. Supongamos que una persona determinada al azar, por los motivos que sean, logra sobrevivir al cambio de administración y no es despedido. ¿Cómo creen que trabajará mientras dura el ajuste de piezas? Sin duda su concentración y usual operatividad merman. ¿Por qué? Sencillo. Estará mucho más ocupado en buscar una alternativa que lo salve del hundimiento económico, en caso de que lo sustituyan, que en resolver los conflictos de su tarea diaria.

Esta tendencia a luchar por la subsistencia personal —en buena medida, una reacción instintiva, natural y humana— se exacerba mientras más nos asomamos a los puestos laborales de primer nivel. Es entonces cuando se justifican las malas prácticas. La primera de ellas: robar mientras se puede. Que es un acto punible, lo es. Que es una transgresión moral, lo es. Que es una práctica desleal, lo es. Pero nada de eso detendrá al funcionario que, apenas estrena su cargo, sabe de antemano que será dueño del mismo únicamente mientras dure la administración que lo cobija. Después de eso, estará de patitas en la calle y él tendrá que buscar nuevas fuentes de sustento para sí mismo y su familia.

Se necesitan personas de una dignidad y compromiso social intachables para imponerse y ganarle la partida, no sólo a la tentación de apropiarse de lo que no es suyo —desde hojas de máquina en la oficina hasta millones de pesos malversados gracias a operaciones fraudulentas— sino para desenvolverse con ecuanimidad hasta el último minuto de su estadía laboral. Prácticamente, santos profesionales. Y esa clase de profesionistas, existen, pero definitivamente no abundan. Máxime cuando no es lo que atestiguan. Es muy difícil sustraerse a la máxima filosófica de “ser social determina conciencia social” y, por lo tanto, ya ha derivado en usanza que si el de al lado lo hace, ¿por qué yo no? En México, el sistema de relevos gubernamentales promueve el robo —hasta premia la tristemente célebre “transa”— y, con cada cambio de administración, prácticamente lo impone.

Lo curioso y, hasta cierto punto, paradójico, es que este sistema de relevos periódicos resulta imprescindible. No acatarlo nos llevaría de cabeza hacia un sistema dictatorial, donde los puestos de trabajo —otra vez hago énfasis en los cargos burocráticos— serían ocupados in perpetuum con la consiguiente mella en el factor productivo.

La solución a este dilema es verdaderamente simple. Basta disociar cada relevo administrativo del borrón y cuenta nueva que, actualmente, trae aparejado. Ocupar los puestos de trabajo con las personas capacitadas para ejercerlos y, si estos ya están en su lugar, dejarlos tranquilos. Comprender que un cargo no es un premio, es una responsabilidad que debe ser atendida a partir de habilidades específicas que no cualquiera posee. Y que la evolución en el seno de una dependencia gubernamental requiere tiempo, no hachazos. De esta manera se podrían establecer proyectos a largo plazo, algo muy difícil de lograr hoy en día, cuando el sucesor suele llegar echando a la basura cuanto hizo su predecesor, para así imponer su propia agenda, en lugar de nutrirla con los elementos positivos que hereda de la administración anterior.

Las dependencias gubernamentales deberían asomarse al modelo de trabajo de la iniciativa privada donde, usualmente, se prioriza la eficiencia para lograr mayor competitividad y las decisiones se toman a partir de un criterio que favorece la productividad, no compromisos personales o políticos. Y no debe ser de otro modo porque allí el dinero tiene dueño. Perderlo, duele. Ganarlo justifica tu proceder.

La solución al conflicto, insisto, es sencilla. El reto es llevarla a cabo porque, para ello, se necesita acatar otro tipo de cambio, no administrativo, sino cultural. Y ese, estimado lector, no se resuelve con elecciones, mucho menos con dedazos.

 
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