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  Edición 649
  ¿Saben lo que quieren?
 
Rosa Esther Beltrán
   
  El mes pasado, el grupo de gobernadores que pugnan por un nuevo pacto federal, los que tomaron la denominación «Alianza Federalista», declararon que no pueden enfrentar solos la atención a la pandemia. Ellos gobiernan 10 estados y plantean que su situación de liderar la crisis de la pandemia es insostenible, que no pueden hacerlo solos, por eso conforman la Alianza Federalista.

Las demandas de los gobernadores de la Alianza, parecen muy congruentes: el fortalecimiento de los sistemas estatales de salud. Reactivar la recuperación económica a fin de recuperar los empleos perdidos, también analizar el pacto fiscal a fin de que la redistribución de la hacienda pública obedezca a criterios de justicia y, con ello, se reduzca la desigualdad; no obstante, ellos eluden que son situaciones que le corresponden a cada entidad de la federación, para eso reciben las aportaciones del gobierno federal y lo que recaudan localmente, que no es poco, el gobierno de la república no ha dejado de proporcionarles los recursos que les corresponden.

Ya sabemos que los intereses de la megadeuda son muy altos y que el gobierno del Estado, al no contar con recursos económicos extras, ha seguido endeudándose para salir adelante con mil millones de pesos cada año a partir de 2017, por lo que actualmente la deuda asciende a 43 mil 661 millones de pesos, lo que hace de Coahuila el estado que más años tardará en pagar la deuda pública que dejó el moreirato (El Financiero), los especialistas en finanzas estiman que serán al menos cuatro sexenios más en los que se seguirá pagando la mega deuda. Son sólo 24 años más, no se asuste, usted, sus hijos, nietos y tataranietos cargarán a sus espaldas estos pagos y sus implicaciones, no a las obras pública, carreteras, caminos rurales, educación, salud, etcétera.

Por eso es perfectamente explicable que el señor Riquelme exija más dinero, solo no puede, pero tal vez sus antecesores, el de 2005 y 2011 accedan a ayudarle. El gobierno federal ha cumplido; aunque es comprensible que la doble crisis, la económica y la de salud, hayan obligado a una dirección de austeridad, porque no hay para dónde hacerse, la pandemia indujo a la crisis de salud y ésta a la económica y la de desempleo.

Los gobernadores protestantes decidieron renunciar a su participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), lo cual levantó mucho polvo, pero en realidad, éste ha sido clasificado como un tema electoral, las elecciones de este año en Coahuila y las de 2021 que ya iniciaron, son un paquete grueso y difícil para los partidos políticos y los gobiernos de los estados; por eso es explicable que Riquelme desacredite todos los días al gobierno federal. No quiere perder el Congreso local en octubre de este año, ni los ayuntamientos en 2021. Es lamentable que los gobernadores disidentes muestren que no son autónomos y que pidan que papi gobierno les arregle todo.

La Conago es una entidad informal, creada por gobernadores del PRI para neutralizar al gobierno panista de Vicente Fox, con el fin de generar una instancia de interlocución que contrarrestara a un poder omnímodo, todopoderoso, que actuaba y daba línea al margen de los gobiernos estatales. Era una época en la que había mucho dinero de por medio y los gobernadores vieron su oportunidad para atraer recursos.

Ahora el PRI y el PAN, con sus gobernadores nadan de muertito para dar una imagen de fuerza y para no verse tan golpeados lanzan esta estrategia de disidentes en la Conago, estableciendo como grupo de presión ante la presidencia federal, y el gobierno de AMLO considera que, si no quieren unirse, allá ellos; entre más divididos mejor.

La anarquía y la indefensión

Vivimos en la época del caos. La cruel pandemia ha desatado la ingobernabilidad. El que puede arrollar al débil, lo hace. Todos estamos a merced del abuso del más poderoso y al margen de cualquier defensa.

El transporte público manda al diablo los protocolos establecidos por las autoridades de salud y del mismo gobierno estatal, la norma dictada para el transporte colectivo es que deberá operar al 50% de su capacidad, no obstante, circulan abarrotados, saturados, atiborrados de pasajeros, quienes tras largas esperas, hacen lo que sea por llegar a su trabajo y evitar sanciones o bien llegar a su casa para continuar con la jornada del hogar y atender a sus hijos.

El comentario anterior no es nada nuevo. Al menos en Saltillo, a nadie sorprende que los operadores y sus jefes, los concesionarios, hagan exactamente lo que les viene en gana, lo que les ofrece mayor ganancia y las autoridades municipales, simplemente dan la espalda.

Según el Plan Municipal de Desarrollo: «Una ciudad inteligente es aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo y de la planificación, de acuerdo con una visión de largo plazo. Es aquella que coloca en el centro de la planificación al sistema de transporte público»…(p. 216). El mandato que se autoimpuso el actual Ayuntamiento ha resultado ficticio.

Los protocolos establecidos entre las autoridades municipales y los concesionarios del transporte no se cumplen: Que los autobuses podrían operar únicamente al 50% de su capacidad, mentira. Que habría inspectores para verificar que se cumplan las normas acordadas, mentira. Que en los taxis y autos privados los usuarios y operadores harían uso del cubrebocas, guardarían la sana distancia, que ofrecerían gel antibacterial, mentira. Las unidades de transporte de personal de trabajadores, solo cumplen con la exigencia del uso de cubrebocas, el resto lo omiten, agréguele otra mentira.

Lo mismo o aún peor hacen los bancos, los clientes se ven obligados a acudir temprano, una o hasta 3 horas antes de la apertura, hacer fila y permanecer bajo el ardiente sol o la lluvia y mantenerse hasta 3 ó 4 horas para llegar a las cajas, las que son atendidas por solo 2 cajeras o a veces una, las que ante las quejas responden, «yo no mando aquí», y es cierto, las gerencias han enviado a su casa a cientos de empleados y explotan impunemente a los que resultaron elegidos para continuar ocupados.

El abuso de los bancos es doble, manejan el dinero de sus clientes y los atienen mal, cada vez peor, ahí las autoridades no vigilan que se apliquen los protocolos en favor de los clientes, la nueva normalidad es sacrificar a los que los mantienen.

Por otro lado, los estudiantes ejidales, pasan las de Caín para realizar sus estudios de primaria y secundaria o simplemente no los hacen; los que viven en los ejidos de Ramos Arizpe y Saltillo por no mencionar los de otros municipios, no podemos más que imaginar que muy probablemente perderán el año escolar, sin maestros, sin internet lo más seguro es que detengan sus estudios.

Los padres de familia en los ejidos son tan pobres que les es imposible pagar trasporte o darles de comer está fuera de su alcance, pero ni los gobiernos municipales ni el estatal se hacen cargo de ellos; está sucediendo en Piedras Negras, en donde una madre de familia, abandonada por su pareja, suplicó a las autoridades que recogieran a sus hijos de 5, 3 y 2 años, la mujer de 20 años denunció que el padre de los niños se fue desde que la pandemia inició.

Como puede verse, la situación es dramática, la crisis es cruel con los invisibles. La gente muere, si no por contagio del COVID-19 por hambre u otras enfermedades.

Posdata

Los dirigentes del sindicato de la sección 38 no dejan de idear maniobras, algunas de ellas totalmente fuera de la ley, como la de conformar un nuevo esquema de aportaciones de los sindicalizados para sostener el servicio médico de los trabajadores de la educación, algo, lo que sea que les permita eludir los fallos de SCJN. Lo cierto es que no encuentran una fórmula con la que puedan eludir la sentencia, la cuestión es que lo que inventen será para sostener la corrupción y las deudas que ellos han contraído.

 
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